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Wednesday, December 1, 2021

El juicio por las tarjetas "black", visto para sentencia cuatro meses después


La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid, para quienes la Fiscalía solicita penas que van desde los doce meses hasta los seis años de prisión por apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad.

La sección cuarta de la sala de lo Penal ha dado por concluida la vista oral contra los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y otros 63 antiguos consejeros y directivos de la caja, que comenzó el pasado 26 de septiembre con las cuestiones previas de las partes y que ha necesitado de nueve sesiones adicionales.

Con excepción de Virgilio Zapatero, el resto de los 65 acusados no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra, una vez que el abogado que debía exponer hoy sus conclusiones, el de Gerardo Díaz Ferrán, ha concluido con su exposición.

El exministro socialista ha reiterado que nunca obró de mala fe y que en todo momento usó la tarjeta con mesura y diligencia.

Por su parte, la defensa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha solicitado hoy la libre absolución para su cliente en el caso de las tarjetas «black» de Caja Madrid al estimar que su conducta siempre «se acomodó» a la normativa, ya que sólo realizaba «gastos inherentes a su cargo de consejero».

Así lo ha señalado el letrado Carlos Pardo a la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que ha impugnado el contenido de la hoja de cálculo Excel aportada a la causa por Bankia, y ha cargado contra las acusaciones por presentar una «mínima o nula» capacidad probatoria, razón por la que, en su opinión, no ha quedado probada la presunta apropiación indebida origen del proceso.

El abogado se ha referido a los cargos efectuados por Díaz Ferrán en los restaurantes del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, también acusado, y ha asegurado que carecen de sentido las sospechas de posibles intercambios de favores entre ambos.

«No tiene ningún sentido que utilice el 99,99 % del gasto de la tarjeta en gastos de comida y en días laborables», ha manifestado Pardo al tribunal que preside la jueza Ángela Murillo, y ha añadido que los 94.000 euros que se le achacan a su defendido estuvieron destinados a «cenas-coloquio» para dar a conocer el negocio hipotecario de la entidad.

En este sentido, se ha remitido a la declaración de Díaz Ferrán, que a preguntas del fiscal Alejandro Luzón admitió haber empleado este medio de pago sólo para agasajar a empresarios, a los que les decía «invita Caja Madrid» al tratarse de encuentros de trabajo que no tenía por qué pagar de su bolsillo.

Además, el letrado del que fuera presidente de Marsans, en prisión desde finales de 2012 y para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita ahora una pena de cuatro años de cárcel, ha indicado que el empresario «no había tenido conocimiento de esta posible irregularidad» hasta el inicio de la causa, ya que la entidad nunca le comunicó un uso fraudulento «porque las boletas eran única y exclusivamente» de gastos de representación.

Pardo ha concluido su exposición dirigiéndose al fiscal quien «no ha tenido en cuenta» la situación de Díaz Ferrán, que ya cumple condena por el vaciamiento de Marsans y que actualmente se encuentra en concurso de acreedores personal, dos circunstancias que servirían de atenuante.

«Sé que no es de plato de buen gusto hablar de él» ha dicho el abogado, que ha apelado a la prescripción del supuesto delito. EFE

Efe

Source: The PPP Economy

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