El juez exonera a Repsol y a Caixabank del espionaje del «caso Villarejo»


El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el archivo de la causa abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo respecto de Repsol y Caixabank y de sus respectivos presidentes en el momento de los hechos, Antonio Brufau e Isidro Fainé. A ambos los desvincula de la contratación de la empresa Cenyt (propiedad de Villarejo) para labores de espionaje y concluye que de la documental aportada por ambas compañías se desprende que la contratación estaba fuera del ámbito de control del presidente y que los responsables eran sus directores de seguridad.

Por tanto, concluye, «sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello«.

Recuerda que en nuestro ordenamiento jurídico no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo y, en este sentido, indica, no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de ambas empresas por el mero hecho del cargo que ostentan «en ausencia de indicios sólidos de su participación directa o indirecta en los hechos investigados».

Una vez analizadas las diligencias practicadas y, en concreto, la documental aportada, García Castellón considera que ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objeto de esta pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz, sin que las acusaciones hayan aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión vigentes en las compañías. «Los mecanismos de prevención implantados existían y eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación”. Ambas empresas contaban, por tanto, con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, concluye.

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