El Gobierno plantea reducir la jornada laboral a 35 horas semanales en 2050


El Gobierno plantea «reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana» para alcanzar en 2050 niveles similares a los de la UE-8, que actualmente está en 35 horas semanales frente a las casi 40 de España. Así figura en el objetivo 43 del documento ‘España 2050’ y en el que en paralelo se pone también como objetivo reducir la tasa de paro al 7%.

El documento, presentado por el presidente Pedro Sánchez esta misma mañana, escalona los objetivos a cumplir en períodos de diez años, de tal manera que en 2030 se trabajaran las 37 horas semanales, en 2040 36 y en 2050 35. El elevado ratio de desempleo estructural es otro de los focos de análisis del texto, que se fija como objetivo rebajar la tasa de paro desde el 18% actual, al 12% en el año 2030, el 10% en 2040 y el 7% en 2050. En cuanto al paro juvenil, uno de los problemas más acuciantes de nuestra economía, se propone rebajarlo al 14% en 2050 desde el 40% que registra actualmente.

En lo que se refiere al empleo, se propone elevar hasta el 80% su tasa desde el 62% actual y que éste llegue a todas los territorios y colectivos, «especialmente en aquellos que hoy presentan una tasa de inserción laboral inferior a la UE-8: jóvenes, mujeres y mayores de 55 años», remarca. Esta es la herramienta con la que el Ejecutivo se plantea combatir «el efecto negativo del envejecimiento demográfico», que se cifra en la pérdida de 2,5 millones de ocupados, «e incrementar el número de personas ocupadas en 1,5 millones respecto al nivel de 2019».

El escenario que dibuja el Ejecutivo para la mitad de siglo es totalmente diferente al que actualmente sufre la población española. «Es una meta difícil, pero factible», pues asegura que este aumento de empleo «es el mismo aumento que ya registramos en los 30 años anteriores a la crisis de 2008». Entonces, sin embargo, España contó con el impulso dado por una inmigración («entre 1998 y 2007 España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos») que ahora languidece. Así lo reconoce también el Gobierno.

«Para limitar la reducción de su fuerza de trabajo, España deberá acoger e integrar a cientos de miles de personas inmigrantes de aquí a 2050, logrando, como mínimo, un saldo migratorio superior a las 191.000 personas cada año. Si podemos integrar a más, mejor. (…) Si se gestiona bien, la llegada de esa población extranjera a nuestro país tendría efectos eminentemente positivos. La evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no produce un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía», reza el texto.

Otra de las grandes cuestiones abarcadas en el documento es la temporalidad, que el Gobierno plantea rebajar en once puntos, hasta el 15%. En cuanto a la parcialidad involuntaria en el trabajo, se plantaa reducirla a la mitad y eliminar absolutamente la brecha de género en los salarios, que actualmente se estima en el 14%.

En el marco de la conciliación de la vida laboral y familiar, el Ejecutivo plantea además la creación de una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años. Según especifica, «en un primer momento, esta prestación deberá dirigirse a todas aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, pero no cumplen los requisitos para acceder al IMV. Posteriormente, deberá ampliarse al resto de familias del país, tal y como ya se hace en la mayoría de los Estados europeos».

En este contexto, el documento propone «reformar las prestaciones familiares, que en España tienen un efecto muy pequeño sobre la redistribución de la renta» y se concentran básicamente en el tratamiento que hace el IRPF de la institución familiar. «Estas no tienen efecto sobre los hogares con menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente». Por ello, se establece como objetivo a largo plazo «cambiar el tratamiento fiscal de las cargas por descendientes para que, como ocurre con la deducción por maternidad, pudieran ser devueltas al contribuyente en el caso de aquellos hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos anuales están por encima del umbral del IMV».

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