El Gobierno coloniza ya la Sareb y coloca a un expolítico del PSC para dirigir su vivienda social
El Gobierno ya da pasos para tomar el control de la Sareb incluso antes de haber comprado las participaciones de la banca. No han esperado al ‘sí’ de las entidades financieras a su oferta y han movido ya sus hilos para colocar a afines en la dirección del llamado ‘banco malo’. Una vez más, con la rama catalana como protagonista.
Pau Pérez de Acha, expolítico del PSC en el Ayuntamiento de Sitges, entra al equipo directivo: «Asume de esta manera la Dirección de Gestión de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales. Desde su posición reforzará las capacidades de Sareb en la búsqueda de soluciones habitacionales para familias donde se acrediten situaciones de vulnerabilidad, y que sean compatibles con el objeto social de la compañía. Pérez de Acha también impulsará la colaboración con las administraciones locales y autonómicas. La actual responsable de esta área, Ana Múgica, continuará en sus funciones como directora adjunta del departamento», ha informado la Sareb en un comunicado.
El nombramiento se produce pocas semanas después de que el Gobierno aprobara el Real Decreto-ley 1/2022, que refuerza el compromiso social de la compañía, como ha informado el ‘banco malo’. La intención del Ejecutivo es que la Sareb sirva para ampliar el parque público de vivienda en alquiler, y Unidas Podemos busca que vaya más allá al convertir a la firma en una empresa pública vivienda a perpetuidad. La realidad es que el mandato que tiene la empresa es el de extinguirse en 2027, aunque tras la toma de control del Gobierno una vez compre las participaciones de la banca todo podría cambiar y mantenerse en el tiempo.
La Sareb es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Una entidad privada, aunque con mandato público, que se creó en 2012 para absorber los activos problemáticos de la banca, principalmente créditos al promotor e inmuebles. Se adquirieron a las entidades rescatadas casi 200.000 activos por más de 50.000 millones de euros, y el accionariado de la compañía quedó el 54,1% en manos de bancos y aseguradoras y el 45,9% en manos del FROB, es decir, el Estado. Dicha compra de activos a la banca se pagó con la emisión de bonos avalados por el Tesoro Público y se asumió el mandato de desinvertir todos los activos y poder pagar dicha deuda para que la entidad muriera en 2027.
En la actualidad lo que quedan son más de 144.000 activos inmobiliarios, según figura en su página web, valorados en más de 30.000 millones de euros. Este es el monstruo del ladrillo del que el Estado asumirá el control total, aunque para ello antes hay que pasar una serie de trámites.
El FROB ya hizo una oferta a los principales bancos españoles para comprarles su parte en la Sareb y superar así el 50% del capital social de la entidad, lo cual ahora está permitido tras el cambio legal que hizo el Gobierno vía decreto. Todavía la banca no ha aceptado dicha oferta.