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Saturday, September 18, 2021

El futuro de los interinos quedará de nuevo en manos de Europa pese al 'icetazo'


Europa, una vez más, será la que tenga que intervenir en el caos continuo en el que viven los interinos. Xavier Gonzàlez de Rivera Serra, titular del Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona, remitió el pasado 27 de julio una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar lo que significa el término indefinido no fijo, acuñado por la jurisprudencia. Un hecho que abre la puerta a que cientos de miles de estos empleados públicos se conviertan en personal fijo, indican fuentes jurídicas.

El Tribunal Supremo, en su última sentencia de 28 de junio de 2021, reconoce que los interinos con más de tres años en su puesto han de ser considerados indefinidos no fijos. Esto significa que ocupan un trabajo de manera indefinida… hasta que la plaza salga a oposición y se adjudique, momento en el cual se extinguirá el contrato -previa indemnización por causas objetivas, 20 días por año-.

Aquí surge un dilema de interpretación para los jueces españoles. «La norma europea solamente prevé dos categorías de contratos: los temporales y los indefinidos. No se reconocen otras categorías o modalidades intermedias, sin duda porque ambos conceptos se excluyen mutuamente (lo temporal es definido y lo indefinido no es temporal)», reza el texto de la cuestión prejudicial. Además, el juez en un punto del documento habla de «creación jurisprudencial creativa» en torno al concepto de indefinido no fijo, sobre el que ha variado sus consideraciones con el paso del tiempo el Supremo y al que han aportado también los tribunales superiores de justicia y los juzgados de lo social.

El magistrado reconoce que esta situación de temporalidad eterna no es posible en el sector privado, ante lo que asegura que no se reconoce la misma estabilidad para los trabajadores públicos que para los privados, en el caso del abuso de temporalidad, ya que al empleado de una compañía sí se le declararía que cuenta a todos los efectos con un contrato indefinido.

Ante las dos categorías de contratos que prevé la normativa europea, el juez de Barcelona se decide a presentar esta cuestión prejudicial para dilucidar si el término indefinido no fijo se corresponde con la de «contrato de duración determinada» o la de «duración indefinida». En este sentido, pone de manifiesto que los conceptos indefinido y fijo se utilizan de manera indistinta en España, pero que sí se han contrapuesto en la doctrina judicial, «sin que se haya explicado cuanta más seguridad de estabilidad otorga el término fijo que el indefinido».

La decisión que adopte el TJUE será fundamental para acotar los términos utilizados por el Tribunal Supremo de cara a los casos judicializados. Y, también, de cara a una litigiosidad masiva que está por venir en los próximos meses y años, añadiéndose a la que ya existe en los juzgados nacionales.

El decreto del Gobierno

Para tratar de solucionar todo el problema de los interinos, el Ministerio de Función Pública sacó adelante el llamado ‘icetazo’, un decreto para poner cerco a la temporalidad del gremio y regularizar la situación de este colectivo que se aprobó justo antes de la crisis de Gobierno, cuando Miquel Iceta ocupaba esa cartera. El Ejecutivo, así las cosas, calcula que hay unos 300.000 trabajadores interinos ocupando plazas que en realidad son estructurales, aunque los sindicatos hablan más de 800.000 e, incluso, la cifra sube a 900.000 si se habla con fuentes del gremio de interinos.

El decreto del Ejecutivo se aprobó tras alcanzar un pacto con CSIF -el sindicato mayoritario en las administraciones-, UGT y CC.OO., por el cual se sacarían a oposición, para estar resuelto todo antes de finales de 2024, alrededor de 300.000 plazas para enmendar el fraude de ley en puestos estructurales que ahora están siendo ocupados por interinos. Asimismo, en caso de que un interino no supere el proceso selectivo, se indemnizará a este con veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. También se limitó en la norma el uso de esta figura a ‘solo’ tres años, para intentar frenar el abuso que se ha venido produciendo en la administración durante las últimas décadas.

Esta era la teoría de la norma aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros, pero el trámite parlamentario ha obligado a pensar en cambios para que salga adelante. La convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados no estaba asegurada. Fuentes de formaciones como Unidas Podemos, ERC y la CUP presentaban serias dudas sobre el apoyo que brindarían a Iceta en la Cámara Baja.

Trámite parlamentario

Finalmente salió adelante con apoyos y abstenciones, aunque por la mínima e ‘in extremis’, repetición de la votación mediante. Pero no fue un aval gratuito, sino que se aprobó que la norma se tramitara mediante proyecto de ley para poder incluir modificaciones en la misma.

Estas modificaciones son dos concesiones realizadas a los grupos parlamentarios socios del Gobierno: en primer lugar, habilitará a las comunidades autónomas o la administración que corresponda a que los ejercicios de las oposiciones no tengan carácter eliminatorio; en segundo lugar, el Gobierno puso sobre la mesa que aquellos interinos que lleven más de 10 años en una plaza que no haya salido a concurso, no tengan que pasar por el proceso de oposición y se conviertan directamente en fijos.

En este sentido, los colectivos de interinos, como la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, tienen entre sus principales esperanzas que la justicia europea se posicione a favor del reconocimiento de su condición como fijos, a modo de sanción al abuso de temporalidad. El gremio rechaza el término de indefinido no fijo y consideran que tanto esto como la indemnización a pagar por la administración en casos de fraude de ley son insuficientes.

Es por ello que rechazan de plano la doctrina judicial española sobre el personal interino y reclaman que se les reconozca directamente como fijos, recordando también en múltiples ocasiones que el término indefinido no fijo supone dejarles una vez más en situación irregular de temporalidad, frente a lo que ha dictado el TJUE y lo que señala la legislación comunitaria.

Como añadido, fuentes del colectivo de interinos destacan que la norma del Gobierno lo único que hace es animar todavía más a la litigiosidad, dado que se busca consolidar una indemnización insuficiente y no se pone coto realmente a la temporalidad en el sector público, que ahora supera el 30% y aspira a quedar por debajo del 8%.

Source: Noticias

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