El envejecimiento lastra la economía

La edad pasa factura. Y las proyecciones demográficas no resultan nada halagüeñas. Si actualmente la población mayor de 65 años supone el 18,7% del total, en 2031 escalará hasta el 25,6%. España podría perder más de medio millón de habitantes en los próximos 15 años y el gasto en pensiones dispararse hasta el 17% del PIB antes de 2050, lo que haría inviable el sistema. Es decir, o se toman medidas para dinamizar la natalidad, fomentando la conciliación o luchando contra la precariedad laboral, por ejemplo; o el actual Estado del Bienestar resultará insostenible.

Vivir más, y mejor, no puede considerarse ningún problema, sino todo lo contrario. Sin embargo, la inversión de la pirámide poblacional obliga a actuar para garantizar el bienestar en la nueva realidad demográfica. La sociedad envejece de dos a tres años por década. La edad media en España ha pasado desde los 33 años en 1975 a los 43 en 2015, debido a la combinación entre la baja natalidad y el incremento de la esperanza de vida.

País envejecido

España registrará este año, por primera vez en la historia, más defunciones que nacimientos. El nuestro no es todavía el país más envejecido de Europa (lo son Alemania e Italia), pero nuestra natalidad es la menor de la OCDE y nuestra esperanza de vida, la mayor del Viejo Continente. No obstante, Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, recuerda que las tres provincias con más porcentaje de mayores de 64 años de toda Europa son Orense, Zamora y Lugo, y que Castilla y León y Cantabria figuran entre las 10 regiones con menor fecundidad de todo el continente.

España perderá 5,4 millones de habitantes hasta 2066, cuando la media de edad estará en torno a los 51 años, según las proyecciones del INE, bajo la hipótesis de que todos los años habrá inmigración neta positiva. Si se mantuviera constante la tasa de fecundidad, no hubiera migraciones netas positivas ni negativas con el exterior y la esperanza de vida evolucionase como se prevé, «perderíamos 11 millones de habitantes hasta 2066 y la edad media subiría hasta los 55 años. En 2100, España habría perdido la mitad de la población actual –dos tercios de los jóvenes–, y la edad media llegaría casi a los 58 años», advierte Macarrón.

Cuando la generación del «baby boom» entró en el mercado laboral se produjo un aumento de la población en edad de trabajar que fomentó el crecimiento, pero cuando empiecen a jubilarse se originará el efecto contrario, aunque la tasa de empleo y los salarios podrían mejorar. El envejecimiento reducirá la productividad y, a largo plazo, el avance de la economía. Sobre todo, por el constreñimiento del consumo, responsable de, aproximadamente, el 80% del crecimiento del PIB a corto plazo. Las personas de entre 40 y 45 años priorizan el ahorro en detrimento del consumo. Y si éste es bajo y el ahorro, elevado, la inversión tiene pocos alicientes para crecer.

España tendrá en las próximas décadas la tasa de dependencia más alta de la Unión Europea. Y una mayor tasa de dependencia con un menor poder adquisitivo impactará de lleno sobre la capacidad de ahorro y de inversión. Las personas mayores buscan más independencia. Quieren seguir viviendo en sus casas, no desvincularse de su entorno y ser activos. Después de la jubilación, ansían iniciar actividades que supongan un consumo más racional y responsable, prescindir de lo superfluo y concentrar sus gastos en aquellos productos que cubran sus necesidades, derivadas de la edad. Frutos Moreno, presidente y CEO de TBWAEspaña, revela que la economía tiene que adaptarse a esta nueva coyuntura adecuando las pautas de consumo, ofreciendo más y mejores servicios para ellos y reasignando recursos desde otras actividades. «Las personas mayores son generadoras de riqueza y debemos centrarnos en la idea de promover hábitos de compra orientados a ellos de acuerdo con sus capacidades y necesidades», señala.

La sostenibilidad del sistema de pensiones sólo está garantizada, a día de hoy, por la congelación de las prestaciones –con subidas del 0,25%–, que contiene el gasto en esta partida en torno al 12% del PIB. Si los españoles continúan jubilándose a los 67 años, el ratio trabajador-jubilado llegará a la paridad. Y si la edad de jubilación se mantiene, la población en edad de trabajar perderá unos siete millones de empleados hasta 2050. El gasto en pensiones se ha incrementado en unos 40.000 millones de euros desde 2007. Y el déficit de la Seguridad Social se multiplicará por cuatro en apenas 30 años.

La evolución demográfica conducirá a una quiebra del sistema de pensiones tal como está concebido. Los principios básicos en los que se apoya el actual son la solidaridad intrageneracional, por la que los que más tienen financian a los que menos, y la intergeneracional, por la que las generaciones que cotizan financian las prestaciones de las generaciones pasivas. «El planteamiento es perfecto mientras las personas en activo sean capaces de aportar los fondos suficientes para financiar el sistema, pero la generación que cotiza cada vez es menor y la generación pasiva cada vez es mayor». En consecuencia, Sandalio Gómez, profesor del IESE, destaca que el sistema público no es capaz por sí mismo de cubrir el monto de las pensiones a las que debe hacer frente. «Si la demografía mantiene la tendencia actual y no mejora de manera sustancial el empleo, el problema se agravará y se tendrá que acudir a los Presupuestos Generales del Estado para su financiación», apostilla.

La longevidad y las jubilaciones anticipadas aumentan las obligaciones financieras del sistema, mientras que el descenso del índice de natalidad y el incremento del paro disminuyen drásticamente sus ingresos. Gómez propone compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo o implantar el modelo austríaco de crear una «mochila» a lo largo de toda la vida profesional, que pueda capitalizarse y sirva de complemento privado a la pensión pública.

AJUSTES

El ratio pensionistas-trabajadores seguirá deteriorándose, pese a que se reduzca el desempleo, por lo que el déficit de la Seguridad Social continuará recrudeciéndose. Máxime, teniendo en cuenta que los nuevos pensionistas acceden a la jubilación con prestaciones más elevadas. Por ello, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, recomienda articular un sistema de cuentas nocionales, flexibilizar la edad de jubilación y permitir la complementariedad de la jubilación con empleos a tiempo parcial.

Concepción Patxot, experta en Economía de la Población de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, apunta que al duplicarse el ratio entre pensionistas-cotizantes (directamente relacionados con el ratio demográfico población mayor de 65 años-población en edad de trabajar), sería necesario ajustar alguna otra variable en la misma medida. «Un ejemplo pasaría por ajustar la pensión media a la mitad, que podría evitarse si algún otro factor ayudara». Y añade que las restantes opciones serían aumentar las tasas de cotización; mejorar el empleo, aunque si se recuperaran los niveles previos a la crisis sólo se reduciría el ajuste necesario de la pensión en un 25%, o retrasar la edad de jubilación, que resultaría la medida más prometedora, ya que aumentaría los ingresos y reduciría el gasto. «Sería deseable vincular mejor y de un modo más directo la esperanza de vida a la edad efectiva de jubilación», destaca Patxot.

Otras fuentes reiteran que habría que proteger las pensiones frente a la inflación y que el actual sistema de reparto y contributivo debería encaminarse hacia otro de cuentas nocionales, que tuviera en cuenta toda la vida laboral y diera flexibilidad al trabajador a la hora de jubilarse, facilitándole retrasarla o compatibilizarla con un trabajo.

Mercado laboral

El descenso de la población y su envejecimiento, a corto plazo, contribuyen a mejorar las cifras de desempleo. Sin embargo, a futuro plantean una serie de incertidumbres por sus impactos sobre el potencial de crecimiento. Los expertos consideran que las medidas en el mercado laboral serían las más efectivas para mitigar los perjuicios que el envejecimiento pudiera ocasionar. Actuar contra la precariedad de los jóvenes y la discriminación hacia las mujeres en edad de procrear, así como fomentar la conciliación, resultarían fundamentales para dinamizar la natalidad y ampliar los cimientos de la pirámide poblacional. De forma paralela, el envejecimiento reduce la cualificación de la población activa, debido a una falta de adecuación de los conocimientos de las personas mayores a las características actuales de los puestos de trabajo –cada vez más afectados por la revolución tecnológica–. De hecho, la falta de reciclaje de las plantillas se traduce en una merma de la productividad y en una mayor dificultad de competir y de asegurar la viabilidad de las empresas en un mundo cada vez más informatizado y global. De ahí, la importancia de invertir en formación. La gestión de plantillas envejecidas y la implementación de políticas de salud en la empresa constituyen otros desafíos para las compañías.

Las transferencias públicas tienden a financiarse por medio del llamado «sistema de reparto», de modo que los ingresos de cotizaciones a la Seguridad Social recibidos en un año sirven para cubrir el gasto de ese mismo ejercicio, sin que se acumulen recursos como sí ocurre en el sistema alternativo de «capitalización». «Esta fórmula sí está sujeta a la evolución demográfica. Durante los años de crecimiento demográfico ha servido para financiar un creciente gasto público, pero cuando la situación se invierte y la población envejece, pone en peligro la sostenibilidad del Estado del Bienestar», puntualiza Patxot.

Dependencia y Sanidad

La protección social estará dotada este año con más de 191.000 millones de euros. Pero el envejecimiento supone una amenaza para su viabilidad. De momento, el Gobierno ha aceptado incluir la dependencia en la financiación autonómica. Durante la jubilación del «baby boom», la relativamente escasa población en edad de trabajar deberá levantar los recursos suficientes como para sostener a la población dependiente. Y si bien los dependientes menores de 16 años se han visto reducidos secularmente debido a la caída de la fecundidad, las personas dependientes mayores de 65 años aumentarán lógicamente por el incremento de la esperanza de vida.

Patxot asegura que para cubrir las necesidades de la población dependiente cabe recurrir a tres mecanismos de asignación de recursos: el mercado de capitales, las transferencias familiares –entre distintas generaciones– y el Estado del Bienestar, que «se ha desarrollado más extensamente cubriendo las necesidades de consumo de los ancianos que de los niños –un 60% en el primer caso frente a un 40% en el segundo–». El desvío presupuestario de las comunidades autónomas se debe, en buena medida, al gasto sanitario. Y lejos de estar cerca de controlarlo o estabilizarlo, se disparará en el futuro como consecuencia evidente de ese envejecimiento de la población, que según algunos informes incrementará el gasto sanitario público real en un 0,7% en las próximas décadas.

De otros estudios se desprende que como consecuencia del envejecimiento, del aumento de las enfermedades crónicas y de la mayor esperanza de vida, el gasto en Sanidad aumentará hasta 20205 entre 32.600 y 48.000 millones de euros. De este modo, en menos de una década, la factura ascenderá por encima de los 100.000 millones de euros. Y es que el mayor porcentaje de población demandante de estos servicios, así como el desarrollo de nuevas terapias –cada vez más costosas económicamente–, pueden hacer inviable el gasto en esta partida tan importante para el Estado del Bienestar. Para mitigar los efectos, Hidalgo sugiere optimizar la eficiencia del gasto sanitario, «no necesariamente a través de recortes, pero sí introduciendo mecanismos de racionalización. Hacer frente al desafío demográfico requiere una actuación conjunta. Y, entre otras medidas, los expertos abogan por ser más receptivos a la inmigración para lograr que España no sea el país con una de las menores tasas de fecundidad del mundo. Patxot, por su parte, pone la lupa en el desequilibrio entre transferencias a niños y mayores para no ejercer una presión negativa sobre los índices de natalidad en el largo plazo. Fuentes consultadas lamentan el sesgo del Estado del Bienestar hacia los mayores, alegando que en Educación se gasta un 4,5% del PIB frente al 10,5% en pensiones.

Source: The PPP Economy