El Constitucional estudia si el traspaso del IMV al País Vasco y Navarra rompe la 'caja única' de la Seguridad Social
El ingreso mínimo vital, la última prestación asistencial de la Seguridad Social creada por la irrupción de la pandemia y que cuenta con escasos dos años de vida está siendo fuente de polémicas tanto por su aprobación como por la lentitud y los obstáculos que se ha encontrado la Administración para su concesión. Ahora, el Gobierno afronta un proceso crucial ante la Justicia que podría tumbar un aspecto fundamental de la ayuda: la posibilidad de su gestión sea traspasada a las comunidades autónomas.
La prerrogativa no es menor. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones diseñó la medida con esta posibilidad de transferir en un acto en pro de la coordinación y el mejor funcionamiento de la ayuda, agilizando sus concesiones. Pues son precisamente las administraciones autonómicas, e incluso locales, las que cuentan con los recursos más directos para conocer la realidad social de cada región o municipio. Y, más allá, cuentan ya con un mapeo de la situación que les ofrecen los servicios sociales, y que ha permitido extender el modelo de rentas mínimas en la totalidad de las comunidades autonómicas, que ya contaban con este tipo de prestación.
Viacrucis judicial
A finales del pasado mes de marzo, el PP presentó en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad a la disposición final trigésima de la ley de PGE para 2022 que modificaba esa disposición adicional quinta y que abría la puerta a que esta ayuda acuñada desde el Ejecutivo termine siendo responsabilidad de las diferentes autonomías. Y finalmente, el Tribunal Constitucional ha decidido estudiar la causa y emitirá dictamen vinculante sobre el recurso.
Esta disposición rezaba que «en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relación con esta prestación, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán, con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, en atención al sistema de financiación de dichas haciendas forales, el pago, en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos que se acuerde«.
Unos días antes, desde la formación de Santiago Abascal presentó el suyo poniendo el foco en un apartado de la ley que atribuía a esas dos comunidades competencias en el el asunto, materia de Seguridad Social, al considerar que supone una «frontal vulneración de la caja única». Esa disposición adicional quinta regula la aplicación de la ley en los territorios forales, en atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios que la Ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda de gestión.
Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aumentará el IMV un 15% durante los próximos tres meses en el marco del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. Lo avanzó en el encuentro ‘Generación de Oportunidades’
y señaló que ese plan estará dotado de 16.000 millones de euros, entre ellos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar el impacto crisis.
Ahora, los magistrados del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez serán los responsables de elaborar como ponentes una respuesta en forma de sentencia que deberá ser llevada posteriormente al pleno para su deliberación y votación.