El consejo de administración de Euskaltel respalda por unanimidad la opa de Másmovil


El consejo de administración de Euskaltel ha emitido este lunes un informe sobre la opa de Másmovil, autorizada hace una semana por la CNMV y cuyo periodo de aceptación comenzó el pasado 7 de julio y que se prolongará inicialmente hasta el día 30 de este mes. En concreto, la dirección de la operadora vasca ha respaldado la operación de forma unánime. Sin embargo, la

representación sindical

ha advertido en su dictamen que vigilarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la telco dirigida por Meinrad Spenger y han pedido un mayor detalle del Plan Industrial y las sinergias; así como que las garantías laborales se cumplan para todas las marcas o la revisión del Plan de Incentivos.

Los consejeros de Euskaltel han argumentado que «el precio de la oferta de 11 euros por acción

pagadero en efectivo es, desde el punto de vista financiero, adecuado (fair) para los accionistas de Euskaltel». Además, han destacado que para apoyar esta conclusión han contado con la opinión de Citi y JP Morgan y recordado que la CNMV avaló en su autorización el precio ofertado por Másmovil. En cualquier caso, los máximos responsables de la teleco vasca, también han añadido que no se ha presentado ninguna oferta alternativa.

Cabe recordar que Másmovil lanza la oferta, tras cerrar un compromiso irrevocable con «accionistas significativos de Euskaltel» que representan el 52,32% del capital social: Zegona Communications (21,43%), Kutxabank (19,88%) y Corporación Financiera Alba (11%).

De igual modo, Euskaltel ha informado que aquellos miembros del consejo que poseen títulos propios de la sociedad acudirán a la oferta. Tal es el caso del presidente de la telco Xabier Iturbe o el CEO José Miguel García, entre otros, aunque se reservan modificar su opinión en el caso de una hipotética cotraopa. Másmovil también podrá contar con las 155.663 acciones propias en autocartera de la telco vaca.

En el informe también han valorado algunos de los compromisos adquiridos por la operadora que gestiona Meinrad Spenger, como el mantenimiento de la sede social y fiscal de Euskaltel o el empleo, el acceso para los clientes del Grupo Euskaltel a la banda ancha ultrarrápida FTTH, la segregación de parte de sus infraestructuras en una tercera compañía (‘FibreCo’) y el impulso del despliegue de la red 5G en el País Vasco, entre otros compromisos.

La dirección de Euskaltel también ha recordado la intención de Másmovil, ya anunciada en el lanzamiento de la opa a finales de marzo, de excluir a la telco de la Bolsa si es aceptada por el 75% de la propiedad y de modificar la política de dividendos suspendiendo «inicialmente» el pago de los mismos.

Críticas de los sindicatos

La representación sindical de Euskaltel se ha mostrado menos favorable y lanzado el aviso de que se mantendrán vigilantes, para que se cumplan los compromisos adquiridos cuando se haga efectiva la opa y mostrado su temor de que terminen desapareciendo marcas como R Cable o Telecable.

En este sentido, han condicionado su apoyo a la operación a que se tengan en cuenta algunas propuestas dirigidas a Másmovil como que las garantías de índole laboral se prolonguen «el mayor tiempo posible» y se especifique que este compromiso se aplicará a todos los territorios en que tiene presencia Euskaltel (País Vasco, Asturias y Galicia). Además han solicitado «mayor detalle del Plan Industrial y las sinergias previstas», así como que la eventual revisión de los objetivos de 2021 no afecte a la parte variable de las remuneraciones o que se revise el Plan de Incentivos.

A vuelta con el bonus de los directivos

Al hilo de lo anterior, los sindicatos han cuestionado este

Plan de Incentivos

que ya levantó polémica cuando se conoció la oferta de Másmovil que no contempla ningún acuerdo para mantener a los actuales gestores. Sobre estos incentivos, la representación de los trabajadores ha asegurado que supone «una grave descapitalización de la empresa» ya que generará un desembolso que estiman en 26 millones de euros. En concreto, han criticado que haya solo 52 participantes – piden que se extienda a toda la plantilla- y que, restando las cantidades atribuidas al presidente y al CEO, «se obtiene una cifra media aproximada de unos 350.000 euros por beneficiario».

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