El Congreso convalida el decreto de los VTC de Ábalos pero lo modificará
Por más que los nacionalistas catalanes se afanen en repetir que no tienen nada de que hablar con el Gobierno de Pedro Sánchez hasta que no se den pasos en favor de la liberación de los políticos secesionistas encarcelados, cuando se cruzan de por medio intereses electorales en forma de amenaza de pérdida de votos los principios parece que pueden esperar. Ha quedado claro hoy con el apoyo que tanto ERC como el PDeCAT han prestado al Ejecutivo para convalidar el real decreto-ley mediante el cual se modificará la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) transfiriendo las competencias del sector a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que dentro de cuatro años podrán limitar drásticamente el número de VTC que circulen por las ciudades. La norma ha salido adelante con 177 votos a favor y 164 en contra y dos abstenciones. Al apoyo ya conocido de PSOE y Podemos se han sumado los nacionalistas vascos, catalanes y valencianos. En contra se han pronunciado PP, Ciudadanos y Foro Asturias. Aunque los nacionalistas habían mantenido su decisión en el aire hasta hoy, al final se han puesto del lado del taxi, un sector sensible para los partidos no sólo por los votos directos que suma sino por su capacidad de movilización pública y el ruido mediático que conlleva.
A pesar de que Ábalos ha logrado su objetivo, lo ha hecho a costa de críticas generalizadas de todos los partidos por el modo en que ha tramitado el decreto, lo que se ha transformado en una victoria pírrica. Por mucho que el portavoz socialista en la Comisión de Fomento, César Ramos, y el propio Ábalos se esforzasen en defender que el decreto ha sido consensuado con partidos, comunidades, autonomías y los sectores afectados, el resto de formaciones, a excepción de Podemos, han acusado al ministro de elaborarla sin consultar prácticamente a nadie. Críticas que se han plasmado en el apoyo de una mayoría parlamentaria de 184 diputados, entre los que se cuentan el PP y los nacionalistas, a que el decreto se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia para que pueda ser modificado a través de enmiendas. Como le han recriminado los nacionalistas catalanes a Ábalos para justificar esta medida, a su entender, en el caso de Cataluña, la nueva legislación no garantiza las competencias plenas de la Generalitat. Tampoco salvaguarda a los Ejecutivos regionales de posibles responsabilidades patrimoniales en el caso de que los tribunales den la razón a los VTC, que reclamarán ante la Justicia hasta 3.800 millones de euros por el perjuicio que les ocasiona la norma por su expulsión masiva de las ciudades. Ábalos ha aclarado a los nacionalistas catalanes y a Ciudadanos, que también ha expresado sus dudas al respecto, que la responsabilidad patrimonial es siempre del Estado y que, desde ese punto de vista, no tienen nada que temer. Ha recordado, además, que la moratoria de cuatro años que otorga la norma para que los VTC sigan operando en las ciudades se ha introducido a modo de indemnización para este sector para dar más seguridad al decreto a pesar de que, según ha asegurado, constitucionalmente está blindado.
PP y Ciudadanos, que han votado en contra del decreto, han cargado las tintas también en el hecho de que habilite a las autonomías para legislar y en la moratoria de cuatro años que introduce. La formación naranja no está de acuerdo con que cada comunidad tenga una legislación diferente sobre la materia, mientras que el PP considera que el traspaso de competencias es un mero «despeje a córner» con el que Fomento pretende hacer dejación de funciones. Ambos, además, aseguran que la moratoria de cuatro años supone reconocer que no había urgencia para legislar sobre la cuestión y que, por tanto, el decreto-ley no es la figura jurídica adecuada para legislar sobre la materia. Uno de los requisitos necesarios para aprobar una norma de este tipo es que exista una cuestión urgente sobre la que legislar. Ábalos se ha defendido de estas acusaciones tirando del argumentaría ya conocido de que las autonomías y ayuntamientos son los más capacitados para legislar en movilidad urbana y que la norma, aunque habilita, no obliga a ninguna de ellas a legislar sobre la materia. Su defensa no ha sido suficiente para evitar que el real decreto-ley se aprobase tal y como ha sido concebido y ahora, con el trámite del proyecto de ley, que da un mes para presentar enmiendas, el melón de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre (LOTT) que modifica queda completamente abierto.
Source: The PPP Economy