El árbitro carga contra la seguridad «low cost»
Aunque el laudo de Marcos Peña ha cerrado desde el punto de vista legal el conflicto laboral de los vigilantes de los arcos de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat, la polémica por la gestión que ha hecho de la crisis el presidente de AENA, José Manuel Vargas, sigue abierta. El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que redactó el laudo, criticó ayer que compañías como AENA liciten servicios esenciales como el de seguridad con un sistema que da pie a ofertas temerarias que, a la postre, son las elegidas, aunque ello dé pie después a crisis como la vivida en el aeródromo barcelonés. «Las empresas de servicios de proximidad tienen una vida bastante inhóspita ya que están sometidas a licitaciones que, por la cultura española, solamente tienen en consideración el precio», lo que, en su opinión, anima a las compañías a realizar ofertas a la baja. «Estos trabajadores prestan servicios esenciales a la comunidad y no existe una asociación entre el valor profesional y salarial del trabajador y las consecuencias que la huelga o el cese del trabajador provoca», declaró Peña a la Cadena Cope.
El presidente del CES no es el primero que ha puesto en duda la política seguida por AENA para licitar los servicios de seguridad privada en los aeropuertos. Durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para explicar la crisis, PSOE, Podemos, PdeCAT y PNV ya denunciaron que el gestor aeroportuario haya precarizado este servicio en aras de incrementar la rentabilidad de la compañía. «A diferencia del precio, si se hubieran tenido en cuenta en la contratación [de la seguridad] otros aspectos de tipo sociolaboral se hubiera evitado el conflicto», resumió el portavoz del PNV en la Comisión de Fomento, Íñigo Barandiarán. De la Serna replicó a los grupos que la contratación del servicio por parte de AENA fue completamente legal. El ministro reconoció que, en este tipo de licitaciones, lo que prima es el precio, pero aseguró que es una máxima que se repite en todas las administraciones. Además, aseguró que, en el caso de los servicios de seguridad del gestor, la compañía Eulen tuvo que acreditar una solvencia técnica que pudo demostrar.
Cerrado por ahora el conflicto de El Prat –los trabajadores ya han dicho que recurrirán el laudo por considerarlo ilegal–, a AENA se le puede abrir ahora otro idéntico en Barajas y, por extensión, en el resto de su red. El comité de empresa de trabajadores de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas se reunirá el miércoles con la dirección para negociar aspectos organizativos y económicos a raíz del laudo de El Prat. «Queremos a nivel nacional los 200 euros de plus por el puesto de aeropuerto más el plus por radioscopia, 1,17 euros por las 162 horas que trabajamos al mes», explicaron fuentes sindicales a Ep, que no descartan la huelga si no se atienden sus reivindicaciones. Estas exigencias coinciden con el laudo dictado por Peña para El Prat.
Los trabajadores de Eulen en Barajas están en los filtros de facturación y en las zonas del exterior para pasar camiones con mercancías por rayos x. También en la zona pública y perimetral con coches. El comité de empresa y la dirección de Eulen aprobaron en las últimas semanas constituirse en una comisión negociadora y convocaron la reunión del próximo 6 de septiembre. Entre los puntos organizativos que ya sí se van a tratar se detallan el fomento de la formación en la plantilla, la difusión de informes y órdenes de puestos, más descansos y relevos, o actualizar la evaluación de riesgos laborales.
Los vigilantes de Eulen no son los únicos que amenazan con ir a la huelga en Barajas. La Asociación de Vigilantes del Aeropuerto de Madrid-Barajas (AVA) ha convocado los días 21 y 22 de septiembre a los trabajadores de la empresa Prosegur, la subcontrata de AENA para la vigilancia, para que decidan mediante votación si van a la huelga para primeros de octubre. UGT y ATES firmaron el pasado 15 de julio un pacto de tres meses de duración con Prosegur, que evitó la convocatoria de huelga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta nueva asociación emergente ha denunciado la «dejadez» de los sindicatos en las negociaciones con la empresa y la formalización de pactos «muy lejos de la realidad» de sus reivindicaciones.
La AVA exige que el colectivo de vigilantes aeroportuarios en Barajas sea considerado personal cualificado y especializado, no como ocurre en la actualidad, además de poner el acento en otras reivindicaciones en el ámbito laboral y salarial. La asociación exige más plantilla y un plus de actividad de 200 euros para todo el personal –unas 600 personas– que presta servicio en el aeropuerto. Otras reivindicaciones atañen al modo de regular las horas extra o incrementos de salario por horas extra.
Source: The PPP Economy