Díaz cede en temporalidad y ofrece un contrato de tres meses para sumar a la CEOE


El titular de Seguridad Social no ha conseguido que la CEOE se sume a la subida de cotizaciones para pagar las pensiones del ‘baby boom’, pero Yolanda Díaz no quiere que le ocurra lo mismo con la reforma laboral, norma que España deberá presentar a Bruselas antes de que acabe el año para que entre en vigor en 2022. Hoy el departamento que dirige ha presentado una propuesta a los agentes sociales que da un giro a la idea inicial de limitar al 15% la temporalidad en las empresas y, por tanto, a su intención inicial de eliminar la mayor parte de los contratos temporales del mercado de trabajo y reconducirlos hacia el fijo-discontinuo. La nueva oferta de la vicepresidenta, que en esta reforma está acompañada ya de Nadia Calviño y José Luis Escrivá, es la creación de un nuevo contrato temporal de una duración máxima de tres meses, que se aplicaría en actividades ocasionales como, por ejemplo, empaquetado en Navidad.

Además de esta límite temporal la nueva propuesta incorpora una limitación de los contratos temporales que puede realizar cada empresa en función de su tamaño, según las fuentes consultadas por ABC. El límite de la temporalidad sería más flexible en el sector de la agricultura, dada su elevada estacionalidad y el uso masivo de contratos temporales. Las cifras y porcentajes están todavía pendientes de negociación.

Lo que no varía en esta propuesta la ministra es su idea inicial de acabar con el espíritu de la reforma laboral del PP. Mantiene su intención de recuperar la prórroga automática de los convenios aunque hayan cadudado, la denominada ultraactividad, y acabar con la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector. Es objetivo prioritario también acabar con el poder que tienen hoy las empresas para cambiar las condiciones laborales de los trabajadores.

El próximo viernes el Gobierno volverá a reunirse con los agentes sociales y en ese encuentro presentará una propuesta sobre los ERTE permanentes para lograr el máximo consenso después del rechazo recibido por empresarios y sindicatos. El documento elaborado por Economía establecía tres modalidades, vinculadas a la formación y la recolocación de los trabajadores en otras empresas y consagraba un nuevo modelo que fue tachazo de «intervencionista» por la organización que dirige Antonio Garamendi. «Preferimos que no lleguen los fondos y que las normas sean mejores», avisó entondes el presidente de la patronal.

El Gobierno ha insistido en que «antes de que acabe 2021» España debe aprobar «una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo» y ha puesto como ejemplo la derogación del artículo que permitía el despido por absentismo, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley ‘rider’ o el trabajo a distancia.

Source: Noticias

GrupoUnetcom