De las pensiones al pacto de rentas: los choques del Gobierno con el Banco de España

Desde que el Banco de España alertó de los altos niveles de déficit y deuda del país en su Informe Anual, la dirección o falta de medidas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez han dado paso a reproches desde la institución dirigida por Pablo Hernández de Cos, criticando la inefectividad de las mismas y las consecuencias que pueden acarrear para las economía del país.

Pensiones indexadas al IPC
La propuesta del Gobierno de garantizar a los jubilados la revalorización de sus pensiones con el IPC fue recibida con escepticismo en Europa. Una medida que ya supuso una espiral de gasto en España durante los años 90 que precipitó su derogación. El acuerdo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez firmó con agentes sociales en el marco del Pacto de Toledo llamó la atención del Banco de España desde un primer momento, que alertó de las implicaciones que podía tener para la economía española en su Informe Anual.

La institución señaló cómo esta evolución del gasto público en pensiones supone una de las principales amenazas para el futuro de las cuentas públicas debido a la falta de medidas para contrarrestar este desembolso, que podría deteriorar la salud de las cuentas públicas hasta niveles nunca vistos. Concretamente, las previsiones del Banco de España tras la reforma apuntan a que el déficit público podría anclarse de forma estructural en niveles próximos al 6% del PIB y la deuda pública podría irse hasta el 140% del PIB si no se toman medidas desde el Gobierno.

El bono joven de alquiler
La decisión por parte del Gobierno de incluir controles al alquiler de las viviendas también fue motivo de discordia por parte del Banco de España, que incluyó en su informe como el bono de 250 euros destinado a los jóvenes podría repercutir en el precio final.

«La evidencia empírica sugiere que, en un mercado con una oferta relativamente inelástica, se corre el riesgo de que se produzca una transferencia de renta del sector público a los propietarios de las viviendas en alquiler, con subidas de precios que sufren también los inquilinos que no reciben el subsidio» afirma el Informe Anual.

Al Banco de España se la unieron los portales inmobiliarios y formaciones políticas como ERC y Más País en las dudas en torno a la ley de vivienda, pendiente de pasar los trámites parlamentarios para darle el relevo a las comunidades autónomas en la implementación de las medidas

Las rebajas a los carburantes y el precio de la luz
El mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la prórroga del paquete fiscal que incluye la rebaja del IVA en la electricidad del 21% al 10% y el descuento de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, mostró la disconformidad de la institución con la propuesta e instó a retirar unas ayudas fiscales que que pueden suponer hasta 12.000 millones de euros en las cuentas del año según las estimaciones del ministerio de Hacienda.

De Cos argumentó que las medidas tienen un carácter demasiado general que no responde a los impactos en empresas y familias, especialmente a las de menor nivel de renta. El gobernador incidió en la tensión a la que se enfrentan las arcas públicas y la necesidad de retirar las medidas que no se ciñan a las necesidades de los españoles para buscar un «enfoque más selectivo de las ayudas».

El frustrado pacto de rentas
La incapacidad de establecer el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre patronal y sindicatos, destinada a acordar la subida de salarios, es otra de las preocupaciones del Banco de España. La clausula propuesta por los sindicatos a finales de mayo para subir los salarios de forma acorde a la inflación dinamitó la negociación, lo que supondrá conflictos en las próximas negociaciones salariales de las empresas.

La negociación paralela que se llevaba a cabo entre Gobierno y agentes sociales para el pacto de rentas, que además de la subida salarial recogía otras medidas como regular los beneficios empresariales, también se paralizó a pesar de la insistencia del Banco de España por tomar medidas ante la subida de la inflación. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no incluir a los pensionistas en el pacto, ya que frustraría la subida de las pensiones con el IPC, deja el país al descubierto ante posibles efectos de segunda ronda como la subida de la inflación como consecuencia del aumento de las pensiones, así como una incertidumbre ante la falta de marco para que las empresas acuerden la subidas salariales con sus empleados.
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