Consumo y las comunidades coordinarán sus registros de personas con problemas con el juego
El Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas han acordado coordinar sus registros de personas autoprohibidas para las actividades del juego. Un pacto que se ha alcanzadao en el Consejo de Políticas del Juego, dando luz verde a la propuesta de la comisión sectorial.
Estos registros sirven para que a aquellas personas a las que se les detecte algún problema derivado del juego, se les pueda bloquear el acceso a este tipo de actividades. Son bases de datos en las que se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias o por sentencia judicial.
Con este acuerdo, Consumo y las regiones podrán «establecer mayores niveles de protección» para los autoprohibidos. A día de hoy, existe un registro de carácter estatal, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), y luego cada región tiene el suyo propio. El del ministerio, que cuenta ya con 60.000 inscritos (3.700 más que a inicios de año), abarca solo al juego online, mientra que los de las comunidades afectan a la actividad presencial. «Con el acuerdo alcanzado hoy, cada CC.AA. puede optar por integrar su base de datos con el registro estatal o bien interconectar sus registros con el del Ministerio de Consumo, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo», reza el departamento dirigido por Alberto Garzón.
De esta manera, quien desee vetarse a sí mismo el acceso a las actividades de azar podrá hacerlo tanto para el ámbito online como el presencial. Y la aplicación de la autoprohibición no abarcará solo para su comunidad autónoma sino también para las demás.
Así las cosas, Garzón ha pedido «poner todos los esfuerzos para la interconexión de los registros sea completa, accesible y eficaz en todo el país, para juego presencial u online, con la mera inscripción en cualquier registro». El ministro también ha anunciado que someterá, a partir de mañana, a información pública el proyecto de real decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguro de juego.