¿Cómo podríamos abaratar la factura eléctrica?
España tiene uno de los recibos eléctricos más caros de Europa, especialmente para las familias: durante la segunda mitad de 2017, el precio del kWh después de impuestos ascendió en España a 0,22 céntimos de euro, por encima de la media de la UE (0,20 céntimos) y de muchos de los países de nuestro entorno (Italia, 0,21; Reino Unido, 0,19; Francia, 0,18); de hecho, sólo nos superaron Irlanda (0,24), Bélgica (0,29), Dinamarca (0,3) y Alemania (0,3). Ahora bien, si excluimos la fiscalidad, nuestro país presentó el tercer mayor precio de toda la Unión Europea (0,17 céntimos por kWh), sólo superado por Irlanda (0,19) y por Bélgica (0,18).
Por si fuera poco, es bien sabido que, a lo largo de las últimas semanas, el precio de la electricidad ha emprendido una senda alcista en nuestro país, algo que ha motivado la indignación de gran parte del espectro político nacional. Por un lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al Gobierno que «corte el paso a los abusos de las eléctricas»; por otro, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que comparecerá ante el Congreso en dos semanas para dar explicaciones sobre lo que está aconteciendo.
¿Por qué la luz es tan cara en España y, a pesar de todo, continúa subiendo? A este respecto, conviene distinguir entre los recientes encarecimientos de la factura eléctrica y el habitual alto precio de la luz que sufrimos desde hace años. A la postre, el último encarecimiento que estamos experimentando responde fundamentalmente a la decisión de Bruselas de aumentar el coste de los derechos de emisión de CO2: estos títulos, que las centrales fósiles han de adquirir para poder generar electricidad, han visto más que triplicados sus precios con respecto al año anterior y ello se ha trasladado en la actual escalada que está experimentando la factura eléctrica. Pero, ¿por qué Bruselas está encareciendo los derechos de emisión de CO2? Pues como mecanismo para combatir el cambio climático: cuanto más caro sea emitir CO2, menos centrales contaminantes tenderán a instalarse en Europa a largo plazo.
En todo caso, dejando de lado esta fuerte y reciente subida del precio de la electricidad –que, como decimos, está claramente provocada por la política energética de Bruselas–, lo cierto es que sigue constituyendo una incógnita por qué la electricidad resulta tan cara en España. ¿A qué se debe que suframos uno de los costes energéticos más elevados de todo el Viejo Continente? Pues, en esencia, a las malas decisiones de política energética que durante generaciones han venido adoptando nuestros políticos patrios.
Empecemos efectuando brevemente un catálogo de costes de nuestro sistema eléctrico: el coste total, impuestos incluidos, de atender la globalidad de la demanda eléctrica de España en el año 2017 ascendió a 40.000 millones de euros. De ellos, 13.000 millones (el 32%) se corresponden con los costes de generar la electricidad; 7.000 millones (el 18%) con los costes de transportarla hasta el usuario final; 10.500 millones (el 26%) con los costes derivados de determinadas decisiones de política energética (como las primas a las energías renovables o la amortización de la deuda tarifaria acumulada durante los últimos 20 años) y 9.500 millones (el 24%) con los impuestos que gravan la factura de la luz (el Impuesto Especial a la Electricidad, del 6; y el tipo general del IVA, del 21%). Fijémonos, pues, en que sólo la mitad de la factura que pagamos por la luz está vinculada con los costes reales de la industria eléctrica (a saber, con producir y distribuir la electricidad): la otra mitad son cargas políticas y fiscales que nuestros gobernantes han ido colocando sobre la espalda de los usuarios finales de este servicio.
Claramente, por tanto, si el Gobierno español quisiera recortar el precio de la electricidad podría hacer dos cosas: la primera, bajar impuestos, esto es, eliminar el Impuesto Especial a la Electricidad y aplicarle un tipo superreducido del IVA (4%) en lugar del general (21%); la segunda, absorber en los Presupuestos Generales del Estado los costes de tantos años de desnortada política energética. De hacerlo, minoraríamos la factura eléctrica a aproximadamente la mitad, esto es, en lugar de tener una de las electricidades más caras de Europa, disfrutaríamos una de las más baratas.
El problema, claro, es que seguir este camino implicaría incrementar el déficit público en unos 20.000 millones de euros, es decir, en casi dos puntos del PIB. En consecuencia, sólo sería medianamente responsable adoptar semejante política en caso de que se incrementaran otros ingresos o, idealmente, de que se recortaran otros gastos en una magnitud similar. Personalmente, no apostaría mis ahorros a que nuestra clase dirigente fuera a hacerlo.
Así que ya saben: continuaremos pagando una de las facturas eléctricas más onerosas de Europa por culpa de la incompetencia de los políticos nacionales y comunitarios.
Source: The PPP Economy