Caos en las ayudas a la vivienda
El Tribunal de Cuentas informó ayer de que existen ayudas de la Renta Básica de Emancipación mal abonadas y que ya no pueden recuperarse al haber prescrito. Además, tampoco están cuantificadas, datando algunas de hace más de una década, según figura en su último informe de fiscalización.
Esta renta tiene como cometido facilitar la emancipación de los jóvenes al sufragar parte del alquiler de su nueva vivienda, y se enmarca dentro del programa 261N «Ayudas para el acceso a la vivienda», correspondiente al año 2016.
Ese año se tramitaron pagos por 1,8 millones de euros sin que la evaluación realizada por el órgano fiscalizador detectara incidencias significativas, considerando «adecuados» los procedimientos de gestión para el pago de las ayudas puestos en marcha por el Ministerio de Fomento. A pesar de ello, informa EP, alertó de los problemas que tenían las administraciones a la hora de gestionar los reintegros de pagos mal abonados.
Incidencias previas al 2008
El Tribunal de cuentas señala que al realizar la fiscalización encontró 60.328 incidencias pendientes de resolver procedentes del período 2008-2014, ya que en algunas comunidades no se habían emitido las correspondientes revocaciones o suspensiones de las ayudas. Fomento llegó a advertir del «escaso porcentaje de resoluciones» de revocación y reintegro dictadas en determinados territorios.
La fiscalización sobre las tres comunidades con mayor número de incidencias pendientes de resolver (Madrid, Cataluña y Andalucía) confirma que existen pagos indebidos que se remontan hasta hace más de diez años, y sobre los que ni siquiera se ha iniciado el expediente de reintegro. Para más inri, éstas han prescrito sin que fuera posible cuantificar su importe, pues el mismo diseño de la ayuda obligaría a un análisis individual de cada expediente.
De las 60.328 incidencias pendientes de resolver detectadas, 6.195 corresponden al ejercicio 2008, 11.841 al año 2009 y otras 13.340 al 2010. De estos tres años, la Comunidad de Madrid acumula 9.885 incidencias, Cataluña otras 9.764, y Andalucía un total de 4.052 incidencias.
En su fiscalización, el Tribunal detecta problemas de carácter competencial a la hora de tramitar el reintegro de pagos indebidos, puesto que ni el decreto de 2007 que articula estas ayudas ni los convenios de colaboración con las comunidades autónomas determinan a qué administración le corresponde tramitar dicho proceso.
Source: The PPP Economy