Balón de oxígeno de Bruselas a la economía colaborativa
La economía colaborativa, la de los intercambios de bienes y servicios coordinados a través de la tecnología, se ha convertido en el gran temor y en el desafío de sectores tradicionales como el financiero, el turístico o el transporte. España no es un mercado fácil y plataformas profesionales como Uber, que conecta pasajeros con conductores, presente en 462 ciudades de todo el mundo, ha sufrido en nuestro país muchas barreras de entrada al darse de bruces con el sector del taxi.
Se estima que la economía colaborativa generó en 2015 unos ingresos de 28.000 millones de euros en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos, el número de personas que se emplea en este tipo de economía, con una mayor predisposición a compartir o alquilar, ha crecido en 9,4 millones de personas desde 2005, un incremento superior al de trabajadores convencionales surgidos en el mismo periodo. Conscientes de la importancia que estos nuevos modelos de negocio tienen para el crecimiento y la creación de empleo, la Comisión Europea publicó hace 15 días por primera vez una guía con recomendaciones a los Estados miembros que asegure el desarrollo equilibrado de este tipo de negocios.
La comisaria europea de Mercado Interior e Industria Elzbieta Bienkowska, ha advertido sobre el caos regulatorio para este tipo de plataformas al estar sometidas a normas distintas en cada ciudad europea. «Si permitimos que nuestro mercado único se fragmente a nivel nacional o incluso local, todos corremos el riesgo de perder», señaló la comisaria. Mientras que el vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, apuntó que «el próximo unicornio europeo podría derivar de la economía colaborativa. Nuestro papel es fomentar un entorno normativo que permita a los nuevos modelos de negocio desarrollarse y al mismo tiempo proteger a los consumidores y garantizar las condiciones fiscales y empleo justas».
En sus recomendaciones la Comisión Europea distingue entre los que ofertan bienes y servicios de forma ocasional y los que lo hacen de manera profesional, como es el caso de Uber. Para los primeros señala que no deben estar sujetos a autorizaciones o licencias de negocios mientras que los segundos no tienene que quedar exentos de cualquier responsabilidad por los servicios que ofrecen.
Reacciones
El portavoz de Uber para España, Yuri Fernández, acogió con entusiasmo estas recomendaciones. En su opinión, las «leyes europeas protegen los servicios de economía colaborativa de restricciones desproporcionadas e insta a los estados miembros a revisar las regulaciones que atentan contra su desarrollo». Uber ha encontrado en España un mercado profesional con muchas limitaciones. Sólo opera en Madrid a través de las licencias VTC (en otras ciudades españoles no hay suficientes, se otorga una por cada 30 taxis), y, según sus cálculos, si esta ratio se eliminara se crearían 33.000 empleos más en España. Pero no sólo la Comisión Europea se ha pronunciado a favor de este tipo de economía sino también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según este organismo la pérdida anual en el bienestar de los consumidores ocasionada por las restricciones a la competencia en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC), se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año. En su informe económico publicado la semana pasada, este organismo apunta «que las restricciones limitan la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros» e insta a la Administración pública a retirar las restricciones del marco normativo. Miguel Ferrer, experto en regulación de empresas digitales, apunta que la comunicación de la Comisión Europea se convierte en una «brújula para los reguladores nacionales, un avance de especial importancia en el caso español. Asimismo, contribuye a contener las tentaciones hiperreguladoras de algunos estados y pone de relieve la relevancia de este modelo productivo poniendo en valor la creatividad e innovación que están impulsando emprendedores y empresas europeas». Otros emprendedores como Alexandre Tomas, portavoz de Back Market, defienden que la «economía colaborativa es una necesidad y hay que permitir su desarrollo porque está creando empleo».
Competidores
Son muchas las plataformas colaborativas electrónicas que han surgido en los últimos años. Las de préstamos entre particulares, como Lending Club, Comunitae, Growly o Crow Angel, están compitiendo con el sector financiero tradicional, mientras que Uber o Cabify lo hacen con el sector del transporte, y otras como Homeaway o Airbnb lo hacen con el sector turísitico. José Luis Martínez, CEO del comparador de precios de apartamentos vacaciones Hundredrooms, sostiene que «la economía colaborativa ha llegado para quedarse. Existe una demanda real pero hay que regularla». Fundador de esta plataforma en 2015, su objetivo es expandirse a otros mercados. En agosto lanzarán el producto en Méjico y Estados Unidos. En opinión de Martínez, «Europa tiene que establecer un marco normativo común para todas estas plataformas, lo que facilitaría las cosas».
Según un informe de Nielsen, los países económicamente más castigados por la crisis como España, Portugal y Grecia son más proclives a este fenómeno social. De hecho, más de la mitad de los españoles (53%) estaría dispuesto a alquilar o compartir bienes personales, una cifra que supera en nueve puntos a la media europea (44%). El director general de Nielsen, Gustavo Núñez, opina que «este tipo de relación con el dinero es un fiel reflejo de la situación financiera que atraviesan muchos ciudadanos o, visto de otro modo, de cómo la crisis ha acentuado la solidaridad o la supervivencia hasta cotas insospechadas».
Desde el punto de vista más laboral, Jesús Mercader, «Of counsel» de Sagardoy Abogados, abre la siguiente reflexión: «La necesidad de establecer un nuevo modelo jurídico laboral que se adapte a esta nueva realidad económica». Pone como ejemplo el caso de Uber donde, según su opinión, «habría que darle otro sesgo a la figura del trabajador autónomo». Unas recomendaciones que merecen un capítulo aparte.
Source: The PPP Economy