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Sunday, June 13, 2021

Baleares recula y ya no podrá imponer un precio de compra a los grandes propietarios de pisos


Nueva polémica con la política de vivienda del Govern balear. El Ejecutivo insular ha modificado su Decreto-Ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, por su posible inconstitucionalidad. De este modo, el Gobierno de la socialista Francina Armengol no podrá imponer un precio de compra para las viviendas a los grandes propietarios ni podrá sancionarlos administrativamente por rechazar una propuesta de alquiler social.

El decreto, aprobado poco antes del inicio de la pandemia, obliga a los bancos a ofrecer alquiler social antes de desahuciar, establece la cesión de suelo público para construir VPO con recursos privados y otorga preferencia al Govern para intervenir en operaciones entre grandes propietarios mediante la opción de tanteo y retracto.

El acuerdo con el Gobierno central, publicado hoy jueves en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), incluye un total de seis puntos sobre cuestiones interpretativas o con compromisos por parte de la Comunidad para modificar el texto.

Uno de estos compromisos afecta a las compras por tanteo y retracto por parte del Govern en operaciones entre grandes tenedores. El decreto, validado en abril de 2020 por el Parlament, otorga al Govern el derecho preferente de compra cuando un gran tenedor pretende vender sus viviendas a otro gran propietario. Sin embargo, a partir de ahora el Ejecutivo de Armengol no podrá fijar el precio y las condiciones de compra. La modificación de la normativa planteará que el derecho de retracto se ejercerá por el mismo precio y con las mismas circunstancias en las que se produciría una compra-venta entre los grandes propietarios.

Cabe recordar que el Govern insular ya ha ejercido este derecho ahora modificado en una operación de compra de ocho pisos mediante tanteo y retracto. Fueron ocho pisos del Banco Sabadell por los que el Ejecutivo autonómico pagó el mismo precio ofertado, con una media de 112.576 euros por vivienda. En este sentido, el Govern de Francina Armengol mantiene que estas adquisiciones se mantendrán a lo largo de esta legislatura con el objetivo de aumentar el parque del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Otra de las modificaciones afecta al punto que obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social antes de ejecutar un desahucio. El texto deberá aclarar que, una vez formulada la oferta de alquiler social, si los afectados la rechazan el propietario no será sancionado administrativamente.

Source: Noticias

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