Airef aprieta al Gobierno para que autorice la evaluación de los rescates financieros avalados por el ICO
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) espera que el Gobierno le dé luz verde en las próximas semanas para evaluar la eficacia de los cerca de 140.000 millones de euros de recursos públicos empeñados en la financiación de los rescates financieros a autónomos, pymes y grandes empresas a través de la línea de avales del ICO durante lo más duro de la pandemia. La presidente de la institución, Cristina Herrero, ha considerado este miércoles como «pertinente» poner bajo el microscopio el mayor programa de avales públicos de la historia de España y ha recordado que el examen de la que ha sido la principal política de apoyo al sector empresarial del Gobierno es una recomendación del Ecofin – el consejo de ministros de finanzas de la UE – y ya se está llevando a cabo en países como Italia o Francia.
Herrero ha subrayado que más allá de que se trate de una política puntual de respuesta a una situación excepcional es importante saber si se ejecutó de la forma más eficaz posible, también porque es susceptible de tener una afectación importante sobre la finanzas públicas y sobre el déficit en el caso de que no se produzcan los reembolsos que se esperan. El nuevo director de la División de Evaluación del Gasto Público de Airef, José María Casado, ha recalcado también que el análisis tiene un interés singular desde la perspectiva de que España ha optado por la vía de facilitar financiación a las empresas y no de entregarles ayudas directas, como ha ocurrido en otros países, y es una manera de saber hasta qué punto esa decisión es acertada.
Desde Airef se entiende que la evaluación de las ayudas de la línea de avales del ICO va implícita en los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la Comisión Europea en el marco de componente 29 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también se reconoce que la institución no puede hacer nada en tanto esa evaluación no es incluya en su Plan de Acción para 2022, cuya aprobación corresponde al Consejo de Ministros.