AENA se juega más de 1.200 millones en la votación del Congreso sobre sus alquileres de este jueves
AENA se juega gran parte de su futuro comercial este jueves en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja votará una enmienda que propone la rebaja de los alquileres que el gestor aeroportuario cobra por sus locales, una medida que ya pasó el corte del Senado la semana pasada pese al voto desfavorable del PSOE. Si la propuesta sale adelante la compañía pública se enfrentará a un golpe contable de entre 1.200 y 2.000 millones de euros.
Son los cálculos que manejan los analistas del mercado. En AENA aseguran que están todavía perfilando su propia estimación, aunque ya admiten que una votación en contra en el Congreso supondría un golpe tremendo a su balance. La enmienda eximiría del pago de la renta mínima anual garantizada a los inqulinos de los aeropuertos durante el primer estado de alarma (entre marzo y junio de 2020) y adecuaría esa renta a partir de entonces al tráfico de pasajeros de los aeropuertos respecto al registrado en 2019. Los datos de agosto de este año reflejan una caída del precio superior al 60%, por lo que sería ese el descuento que se aplicaría a los alquileres.
Las fuentes consultadas prevén una votación reñida. En el Senado, la medida contó con el apoyo de grupos tan variopintos como el PP, ERC, Bildu, PDeCAT y Coalición Canaria, aunque no se descarte que alguna de estas formaciones modifique el sentido de su voto. Por un lado, el PSOE está intentando convencer a sus socios de gobierno de que voten en contra de la propuesta; por otro, los inquilinos intentan convencer al resto de formaciones.
«Hemos tenido una buena acogida entre los políticos, y hemos hablado con varias formaciones», explica Manuel Zea, presidente de Aecoa (Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos) a este diario. La organización asegura que el gestor aeroportuario ha mostrado mayor voluntad de diálogo con sus inquilinos en algunos de los aeropuertos que gestiona fuera de España. Además, considera que su rechazo abocará a la quiebra a decenas de empresas: «Ya hay alguna en concurso de acreedores», destaca Zea.
El gestor aeroportuario tiene una visión completamente distinta. AENA asegura que detrás de la enmienda están tres grandes multinacionales que no necesitan, ni mucho menos, rebajas en los alquileres para sobrevivir a la crisis. La empresa pública destaca que el 75% de sus ingresos comerciales lo copan tres grandes empresas: Dufry (54%), Áreas (15%) y SSP (6%). «Ya hemos ofrecido descuentos valorados en 800 millones de euros, rebajas del alquiler aceptadas por el 67% de los contratos», destacan en la empresa pública.
También hay discrepancias sobre la forma en la que se ha llevado la infructuosa negociación. Mientras, AENA destaca que su última oferta (una quita del 100% del alquiler durante los primeros meses de la pandemia y del 50% hasta septiembre de este año) mejoraba al decreto aprobado por el Gobierno respecto a los alquileres comerciales, los inquilinos explican que la empresa pública «llegó a ofrecer descuentos acordes a la bajada del tráfico en un primer momento». «Ni siquiera el PSOE estaba enterado de estas propuestas iniciales», destaca Zea.
Los sindicatos, con los inquilinos
En medio de esta pugna, los sindicatos se han posicionado este miércoles con los inquilinos. FESMC-UGT y CCOO-Servicios han recordado en un comunicado que «el nivel de tráfico aéreo, uno de los ámbitos más afectados por la crisis de la covid-19, sigue aún en fase de recuperación paulatina», por lo que han abogado por «ajustar los alquileres de las zonas comerciales de AENA al tráfico real, en línea con la enmienda aprobada por el Senado y que se tratará mañana en el Congreso de los Diputados». Eso sí, «vinculando dichas medidas a compromisos expresos de mantenimiento del empleo y de respeto a los acuerdos laborales vigentes».
Fuentes jurídicas de AENA consideran que la aprobación de la enmienda en el Congreso de los Diputados supondría «una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa». «La enmienda priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado, el operador nacional, que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español», explican estas fuentes.