La incierta factura de la incertidumbre catalana
La incertidumbre institucional en Cataluña está alcanzando su punto más elevado precisamente antes de que, por un lado, concluyan los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución y, por otro, se termine materializando la –hasta ahora semiabortada– declaración unilateral de independencia. La exteriorización más visual y mediática de esta elevada incertidumbre es de sobra conocida por todos: las empresas están trasladando masivamente sus sedes sociales fuera de la región.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Colegio de Registradores de España, desde el referéndum del 1 de octubre, alrededor de 1.200 compañías han desplazado su sede social a otros puntos de España (y 4.800 lo han hecho en los últimos cinco años). Es más, la sangría, lejos de frenarse, parece estar acelerándose: este pasado jueves se alcanzó el récord diario de empresas trasladadas (268 en una sola jornada). Cuanto más se recrudece el enfrentamiento institucional, más se alejan las compañías de aquel territorio que no les ofrece seguridad jurídica alguna.
En cierto modo, y como ya se ha explicado en otras ocasiones, la fuga de sedes sociales no tiene un impacto económico directo sobre la economía catalana: únicamente supone un cambio del estatus jurídico de esas empresas de cara a una futurible independencia catalana. Sin embargo, que 1.200 empresas hayan huido de la autonomía en menos de un mes constituye una manifestación innegable de que la incertidumbre se ha apoderado de la región y que, en consecuencia, puede terminar repercutiendo negativamente sobre su crecimiento económico.
Sin ir más lejos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertaba esta misma semana de que la inestabilidad sociopolítica causada por el envite secesionista podría llegar a costarle al conjunto de la economía española el equivalente a 1,2 puntos de su PIB: es decir, cerca de 14.000 millones de euros. No es que estemos ya ante un daño inevitable: en última instancia, dependerá de cuánto tiempo se extienda la actual incertidumbre institucional. Por ello, si la normalidad regresara a corto plazo, los perjuicios podrían limitarse muy significativamente y ni siquiera alcanzar en total los 5.000 millones de euros.
Con todo, tampoco deberíamos perder de vista que la estimación de pérdidas realizada por la AIReF se refiere sólo al quebranto que se produciría como resultado de la mayor incertidumbre institucional vinculada a la rebelión de la Generalitat. La autoridad económica no ha entrado a valorar qué sucedería en caso de que Cataluña alcanzara la independencia de un modo rupturista y sin pactar la debida transición con las autoridades españolas: es decir, la AIReF no está considerando escenarios mucho más estresados como una salida de Cataluña de la Unión Europea y del euro, un bloqueo de la administración autonómica, una revuelta social o incluso un impago de la deuda pública regional. La pérdida de 14.000 millones de euros, repetimos, únicamente viene causada por la incertidumbre que ya existe hoy.
Y he ahí el quid de la cuestión: ¿conseguirá el Gobierno despejar esa incertidumbre con la aplicación del artículo 155 y la intervención política y económica de la administración autonómica? No constituye un escenario en absoluto inverosímil que, tras el 155 y la convocatoria de nuevos comicios, el independentismo salga electoralmente reforzado y prolongue de manera indefinida las actuales tensiones institucionales. En tal caso, las pérdidas máximas de 14.000 millones de euros calculadas por la AIReF podrían quedarse muy cortas. Por desgracia, la factura económica final del conflicto catalán todavía está pendiente de ser redactada.
Menos crecimiento económico el próximo año
2018 no iba a ser un año tan bueno para la economía como lo han sido los tres precedentes: el propio Ejecutivo esperaba que nos expandiéramos a una tasa del 2,6%, esto es, por debajo del 3% que logramos crecer en 2015, en 2016 y previsiblemente en 2017. Pero tras las repercusiones económicas del conflicto catalán, el ritmo de crecimiento podría ser incluso más bajo: de acuerdo con el nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno, el PIB se expandirá un 2,3% en 2018, lo que a su vez dificultará el cumplimiento de los objetivos de déficit para el próximo ejercicio. Con todo, no deberíamos resignarnos a la desaceleración económica que todos los organismos, y el propio Ejecutivo, están pronosticando. Justamente porque España está perdiendo parte del fuelle que le ha permitido superar los peores episodios de la crisis, deberíamos coger el toro por los cuernos y proceder a liberalizar la economía para así relanzar nuestro crecimiento. Cataluña no debe ser una excusa para mantenernos de brazos cruzados mientras nos estamos quedando sin gasolina.
Poca confianza en el mantenimiento del empleo
De acuerdo con el Randstad Workmonitor 2017, elaborado por la compañía de recursos humanos Randstad, España es el segundo país europeo con una menor tasa de confianza en el mantenimiento del empleo. Sólo el 63% de los españoles espera conservar su puesto de trabajo actual (o dicho de otro, el 37% de los españoles teme perder su empleo actual en algún momento futuro). Únicamente Grecia se encuentra en una posición más desfavorecida. Por el contrario, en Alemania, Bélgica o Austria, más del 80% de los ciudadanos se muestra confiado en preservar su actual posición profesional. ¿A qué se deben tan abultadas diferencias? Pues, sobre todo, a la alta tasa de paro y de temporalidad que asuelan a la economía española. Dicho de otra forma: si lo que se pretende es incrementar la seguridad laboral de nuestros conciudadanos, es fundamental solventar ambas lacras. Y para ello, nuevamente, se hace necesario liberalizar nuestro esclerotizado mercado de trabajo. Manteniendo las presentes regulaciones sólo consolidaremos el fiasco actual.
La riqueza financiera de las familias sigue creciendo
La riqueza financiera neta de las familias españolas aumentó, en el tercer trimestre de este año, un 9,3% con respecto al ejercicio anterior. De este modo, alcanzó la cifra de 1,36 billones de euros: el equivalente al 120,6% de nuestro Producto Interior Bruto a precios de mercado. Las razones de esta mejoría siguen siendo las mismas que en los trimestres anteriores: por un lado, el valor de los activos financieros familiares sigue aumentando (hasta alcanzar los 2,14 billones de euros, un 5,2% más que hace doce meses); por otro, las deudas de los hogares españoles continúan reduciéndose ininterrumpidamente desde hace siete años (hasta situarse en 0,77 billones de euros, un 1,2% menos que el año anterior). Ambas circunstancias han motivado que el patrimonio financiero neto del conjunto de los españoles prosiga expandiéndose y se mantenga por encima de los niveles alcanzados antes de la crisis económica desatada en el año 2007. Cuanta mayor sea nuestra riqueza financiera neta, mayor será también nuestra resistencia frente a posibles turbulencias futuras.
Source: The PPP Economy