Extender la jornada de 35 horas a todos los funcionarios costaría 1.200 millones
Extender a todas las administraciones públicas la jornada laboral de 35 horas semanales tiene precio: entre 800 y 1.200 millones de euros. Ésta es, al menos, la cantidad que ha calculado el Ministerio de Hacienda en el contexto de la negociación que mantiene con las principales organizaciones sindicales para su posible generalización. Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública, confirmó ayer la existencia de estas negociaciones y precisó el coste de extenderla como normativa básica. «Habría un problema de sostenibilidad, pero de todo se puede hablar», precisó.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas de su departamento para este año, Collado explicó precisamente que ya se está hablando de ello con los representantes de los sindicatos más significativos (CSIF, CC OO, UGT), así como de otras reivindicaciones, con el fin de que durante la legislatura se puedan alcanzar otros acuerdos como el ya suscrito en materia de empleo público.
Con respecto a la jornada de 35 horas, precisó que «no se trata de la recuperación de un derecho», ya que cuando el Gobierno fijó en 2012 de manera general la jornada de 37,5 horas, sólo dos autonomías tenían entonces la de 35 horas. Se trataba, según Ep, de Asturias y Andalucía. Fuentes de CSIF explicaron que, actualmente, sólo gozan de esta jornada «reducida» de 35 horas los funcionarios de la comunidad andaluza y los que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid, mientras que en el resto de administraciones su duración es de 37,5 horas, tal y como estableció de forma general el Ejecutivo. Entre ellos figuran también los más de 500.000 funcionarios del Estado.
«Se trata de una demanda, pero no es una recuperación de un derecho», remarcó Collado, quien añadió que en el resto de Europa únicamente existen dos países con esa jornada reducida, «y uno de ellos se lo está pensando», mientras que en el resto disponen de jornadas de más de 40 horas». Precisamente Andalucía empezó a aplicar desde el mes de enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un «mecanismo de entendimiento» que si no culmina con éxito, llevará al Estado a interponer, según informa Ep, un recurso de inconstitucionalidad.
La secretaria de Estado anunció también la constitución de un grupo de trabajo para analizar los principales problemas de cuatro servicios de atención al público, con el fin de evitar su saturación y que se multipliquen las quejas de los ciudadanos. Se trata del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de la Seguridad Social y del DNI. Según sus cálculos, en un plazo de dos años el Gobierno podría culminar una nueva organización de estos servicios, aprovechando la reposición del 100% de sus efectivos y la distribución de efectivos.
Source: The PPP Economy