La izquierda recrudece la guerra contra las grandes superficies
Aunque internet derribó hace tiempo la barrera temporal que impedía comprar las 24 horas del día y servicios de entrega ultrarrápidos como los de Amazon o El Corte Inglés permiten tener los artículos en casa en un plazo de tiempo muy breve, los gobiernos locales y autonómicos de coalición formados por el PSOE y Podemos, además de la Generalitat, fuertemente condicionada por ERC, han endurecido en los últimos meses las restricciones comerciales para tratar de proteger a los pequeños establecimientos, pese a que los datos se empeñen en llevarles la contraria. El caso más sintomático de esta corriente es Baleares. El Gobierno regional, que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de Podemos y los nacionalistas de Més, ha limitado los domingos y festivos que el comercio puede abrir este año a 10. En los dos últimos ejercicios, cuando la cifra de aperturas permitida fue de 16 (2016) y 15 (2015), el sector registró un notable crecimiento. En noviembre del año pasado, la afiliación a la Seguridad Social en el comercio avanzó un 5,6%, mientras que las ventas crecieron un 5,5%. En 2015, el empleo en las islas avanzó un 3%, más del doble que el año anterior. A la reducción del número de domingos y festivos laborables se suma la moratoria aprobada por el Consell de Mallorca y el de Menorca, que impide la apertura de establecimientos en ambas islas en los próximos tres años.
Más restricciones
La otra comunidad que ha restringido las aperturas en domingos y festivos ha sido Aragón, también gobernada por los socialistas, que los ha bajado de 11 a 10. Cataluña y Extremadura, presidida por el barón del PSOE Guillermo Fernández Vara, se mantienen como las comunidades en las que los ejecutivos autonómicos permiten abrir menos domingos y festivos, sólo ocho, si bien los ayuntamientos establecen otros dos días. En el caso extremeño, la Consejería de Economía aprobó además a finales de abril de 2016 la revocación de las declaraciones de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja. En 2012 y 2014, el Gobierno aprobó dos reales decretos en los que fija la obligatoriedad de establecer ZGAT en las grandes ciudades para que estos núcleos tuviesen libertad comercial absoluta y facilitasen así las compras de los turistas. La decisión de Fernández Vara ha provocado una fuga de compradores a Portugal, donde sí hay libertad horaria, especialmente desde Badajoz, según denuncian los comerciantes.
Extremadura no ha sido la única en limitar estas zonas. Los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, La Coruña, Vigo o Alicante han delimitado estas zonas de tal forma que, de facto, es como si hubieran dejado de ser operativas, denuncian desde la patronal de las grandes empresas de distribución, Anged. En Valencia, por ejemplo, la medida ha dejado fuera a las grandes superficies.
Cataluña mantiene una política comercial restrictiva a pesar de que tanto la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y la propia Autoridad Catalana de la Competencia lo han tachado de fracaso. Su proyecto de ley del sector restringe horarios, imposibilita la apertura de nuevos establecimientos de gran formato y no elimina la tasa a las grandes superficies. A comienzos de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instó a Cataluña a generalizar a todo el comercio y eliminar la tasa que grava aquellos grandes establecimientos por el mero hecho de serlo. Lejos de eliminarla, el Ejecutivo autonómico que preside Carles Puigdemont ha reformulado la propuesta como una tasa ambiental y pretende aplicarla a todas aquellas superficies de más de 1.300 metros cuadrados situados fuera del casco urbano, en función de los vehículos que se desplacen hasta ellos.
Source: The PPP Economy