Las grandes sagas empresariales instan un compromiso político para preservar la 'españolidad' de las empresas
«No podemos desdeñar ni dejar de cuidar especialmente a las empresas que tienen en nuestro país su centro de decisión». El recién nombrado presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, se ha estrenado este miércoles en el cargo instando a la clase política, pero también a la sociedad civil, a «potenciar y defender» a las empresas españolas «sin proteccionismos retrógrados, pero sin ingenuidades peligrosas».
El llamamiento lleva mar de fondo. La empresa familiar se sabe en el punto de mira por un discurso político, pero sobre todo fiscal, por parte del Gobierno que cuestiona las ventajas que el sistema tributario ofrece a las empresas familiares para facilitar la transmisión del negocio entre generaciones y que desde algunos ámbitos del Gobierno se ve como un privilegio para un segmento de población que disfruta de una posición económica en general acomodada.
El diagnóstico gubernamental ha puesto en cuestión las desgravaciones de que disfrutan las sagas empresariales familiares tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en Sucesiones y Donaciones, que drenan recursos a las arcas públicas a cambio de facilitar la transmisión de las empresas de padres a hijos y de paso, entiende el Instituto de la Empresa Familiar, de garantizar la españolidad de sus centros de decisión, configurando un marco que también existe en los países de nuestro entorno.
El proceso sucesorio aflora un año tras otro como la principal preocupación de las empresas familiares en la encuesta anual que la institución realiza a sus socios. No se trata de pequeños negocios, ni mucho menos. El Instituto de la Empresa Familiar acoge en su seno a empresas como Ferrovial, Mercadona, Acciona, Mango, Planeta o Barceló entre otras, es decir, a lo más granado del tejido empresarial doméstico.
«Es importante que todos tomemos conciencia de la enorme ventaja que representa que las empresas españolas estén en manos de familias españolas», ha recalcado Sendagorta, que ha apelado al Gobierno de España, al principal partido de la oposición, pero también a todas las instancias de la Administración Pública y también a la sociedad civil.
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