El Gobierno prorroga hasta julio la rebaja del IVA de la luz y eleva la factura del escudo fiscal a 3.500 millones
El Gobierno mantendrá hasta el 30 de junio el escudo fiscal constituido hace más de seis meses para proteger a las economías domésticas y empresariales de la escalada sin control del precio del recibo de la luz y cuya medida más emblemática es la reducción del tipo de IVA aplicable al recibo de la luz del 21% al 10%. La maniobra elevará al entorno de los 3.500 millones de euros el coste para las arcas públicas de este paquete de medidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles esta medida como una solución de contingencia ante el previsible encarecimiento de los precios energéticos a cuenta del conflicto en Ucrania por la invasión rusa.
La decisión del Ejecutivo es prolongar durante un par de meses más – hasta el anuncio del presidente la hoja de ruta preveía mantener ese paquete de medidas hasta el 30 de abril – la aplicación de un IVA reducido del 10% al recibo de la luz de los consumidores, la rebaja al 0,5% del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad, que también carga el recibo de la luz, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, una figura que las eléctricas han puesto en el punto de mira por la naturaleza puramente recaudatoria que tiene en su opinión, pero que de momento sólo está suspendido de forma transitoria.
La prolongación por dos meses más de estas medidas tendrá un impacto sobre las arcas públicas de alrededor de 800 millones de euros y elevará la factura total del ‘escudo fiscal’ dispuesto por el Gobierno hasta el entorno de los 3.500 millones de euros, si se atiende a las estimaciones realizadas por el Gobierno. Los datos proporcionados por Hacienda atestiguan que en 2021 la aplicación de estas tres medidas fiscales restó algo más de 1.600 millones de euros de recaudación y sus proyecciones estiman que de aplicarse en un año completo el impacto estaría entre los 4.000 y los 4.500 millones.
Visto con algo más de perspectiva el esfuerzo realizado por las autoridades fiscales es relativo si se tiene en cuenta que la espiral inflacionista ha generado alrededor de 8.500 millones de euros extra a las arcas públicas, que lógicamente se ingresan con cargo al bolsillo de ciudadanos y empresas. De hecho, el año pasado la política fiscal del Gobierno apenas devolvió a los bolsillos de los contribuyentes uno de cada seis euros extra obtenidos por la escalada de la inflación.