El sector público tensiona al privado: tarda en pagar más del doble de lo que marca la ley
En tiempos de crisis, la morosidad es una consecuencia y también uno de los principales enemigos a combatir para evitar la bancarrota de la economía. Bien lo saben las empresas, que intentan reponerse de dos años de pandemia, luchando además por cobrar las facturas impagadas de sus clientes. En muchos casos, este cliente es la Administración Pública (Gobierno, comunidades, ayuntamientos…), que en 2021 tardó en pagar 61 días, el doble de lo que marca la ley para las operaciones comerciales entre compañías, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Unos plazos que, sin embargo, suponen el mejor dato desde 2014 y mejoran en 16 días al registrado en 2020, cuando el sector público tardó de media 77 días en hacer frente a sus facturas con las empresas privadas. Una mejora que la PMcM atribuye a los fondos de liquidez extra para las CC.AA.. Según los 800 encuestados por la plataforma, prácticamente la mitad (48%) asegura que los ayuntamientos son los que más tardan en pagar, con solo un 24% de los consistorios haciéndolo dentro del plazo legal. Los segundos peores pagadores son las comunidades, según el 33% de los encuestados.
La que menos tarda en hacer frente sus facturas dentro del sector público es la Administración Central, aunque el 81% de los participantes en la encuesta asegura que sus plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.
De la misma forma, la mejora en los plazos de pago también se hizo notar en el sector privado. El año pasado, las empresas españolas tardaron en liquidar sus cuentas pendientes con otras compañías en una media de 72 días, por los 77 de 2020. Esta remontada se produce, según la PMcM, gracias a los créditos ICO, las ayudas directas a pymes y a la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores.
Para el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, esta bateria de medidas demuestra que «cuando se actúa se consiguen buenos resultados, y en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas». En este sentido insta al Gobierno a acelerar la puesta en marcha de la normativa, a la vista de los plazos de devolución de los créditos ICO, ya que, cuando esto ocurra, «vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos», alerta Cañete.
Las grandes empresas, las que más tardan
En cualquier caso, los periodos de pago entre empresas siguen siendo alarmantes, sobre todo cuando el que debe hacer frente a la factura es una gran empresa. Así, el 80% de los encuestados aseguraron que tardaron en liquidar con ellas más allá del plazo legal (60 días para el sector privado, según la ley 15/2010); el 38% coincide en que lo hicieron algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 42% señalaron que les pagaron muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 20% de las grandes compañías les pagaron dentro del plazo legal.
De hecho, la brecha de demora de pago respecto a pymes y autónomos no es baladí. En este caso, la mitad paga dentro del periodo legal y el resto lo sobrepasa estrechamente.
Pero para la plataforma resulta preocupante las condiciones a las que se someten las compañías para seguir facturando. «Se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004».
El problema está en que las empresas españolas no actúan por miedo a perder clientes. De esta forma, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
Lo que es también alarmante es el ratio de facturas que han quedado sin pagar: un 4,8%. Un porcentaje que mejora el 5,4% observado en 2020, pero que continúa muy por encima de los datos prepandemia, cuando en 2019 apenas llegaba al 3,1%. El 27% de los encuestados ya estima que su negocio sería inviable de mantenerse esta morosidad. Algo que según Cañete podría aumentar cuando finalice la moratoria concursal y de los créditos ICO.