Los puntos claves de la ley de vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos


Tras meses de negociaciones, y varios tiras y aflojas, PSOE y Unidas Podemos han logrado llegar a un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda. Un proyecto ambicioso que pondrá coto a los alquileres de los grandes propietarios y con el que se intentará resolver la problemática social del acceso a la vivienda de jóvenes y rentas bajas.

El punto más importante de la ley es la regulación de los alquileres. El PSOE cede finalmente a las exigencias de Unidas Podemos y acepta una regulación, aunque finalmente esta será descafeinada. Los controles a los precios -es decir, que los alquileres no puedan subir más allá de determinados límites- afectarán a los grandes propietarios, en principio aquellos que tienen más de 10 viviendas.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se oponía a cualquier tipo de regulación porque considera que afectará a la seguridad jurídica de España. Sin embargo, su partido finalmente ha cedido parcialmente a las exigencias de Unidas Podemos, que en las últimas horas había amagado con no apoyar los Presupuestos si no había un avance normativo en este sentido. En todo caso, serán las comunidades las que decidirán si habilitan o no estos controles.

Fuentes cercanas a la formación morada aseguran que en el caso de los pequeños propietarios no habrá controles, sino incentivos fiscales para que pongan sus viviendas en alquiler más baratas.

Más allá de los controles, la ley también perseguirá a los propietarios de viviendas vacías. El proyecto contempla un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles que permanezcan desocupados. Para ello, la norma delimitará lo que se considera una vivienda vacía, una definición que ha causado amplios debates en el Gobierno de coalición y que incluso llegó a enfrentar al Ejecutivo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otro de los ejes sobre los que pivotará la ley será el fomento del parque públicos de vivienda. Como ya hizo Cataluña, el Gobierno obligará a que todas las promociones destinen al menos el 30% de sus inmuebles a viviendas protegidas. Y de estas, la mitad serán pisos sociales.

Junto a este punto, el Gobierno mantendrá su apuesta por la promoción de viviendas sociales. El Ministerio de Transportes ya lanzó, cuando estaba liderado por José Luis Ábalos, un proyecto para levantar 20.000 inmuebles destinados a este fin.
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