El Gobierno aprueba un nuevo techo de gasto récord con 196.142 millones de cara a las cuentas de 2022

Nuevo techo de gasto y nuevo récord histórico, aunque por la mínima. Si bien el año pasado se disparó en más de un 50% hasta los 196.097 millones de euros, la cifra en esta ocasión no ha ido a la baja, sino muy ligeramente al alza: 196.142 millones de euros. Una cifra muy similar en comparación interanual. Con esto se sientan las bases para edificar los que serán los Presupuestos Generales del Estado de 2022. «La orientación del proyecto de PGE va dirigida a consolidar el crecimiento económico pero también a orientar al país a un modelo más productivo, feminista, ecológico… en definitiva, más justo», ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El límite de gasto excluidos los fondos europeos queda en 169.787 millones, mientras que el ejercicio anterior se fijó en 168.661 millones. El dato, asimismo, incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 18.396 millones, frente a los 13.929 millones que hizo falta inyectar conforme al último techo de gasto, un 32,1% más en interanual.

El Gobierno, en cuanto al PIB, no ha revisado ni al alza ni a la baja las previsiones realizadas el pasado mes de abril. Las mantiene en el 6,5% para este año y en el 7% para el siguiente, «en línea con la mayoría de analistas y organismos», según Nadia Calviño, vicepresidenta prirea.

En términos de déficit, el documento presentado por el Gobierno plantea una reducción del desfase en las finanzas públicas en más del 50% en cuestión de dos años, idéntico escenario al planteado en abril y lo cual figura en el programa de estabilidad remitido a Bruselas. Desde el -11% del PIB de 2020, pasando por un -8,4% en 2021 y un -5% en 2022. Asimismo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha destacado los buenos datos de empleo que se dan en la actualidad con una reducción de trabajadores en ERTE hasta los 450.000.

Yolanda Díaz, cabeza visible de Unidas Podemos en el Gobierno, ya desveló recientemente que el llamado límite de gasto no financiero permitirá tener las cuentas más expansivas jamás vistas. Era el tráiler de lo que vendría hoy con el anuncio oficial por parte de Calviño y Montero.

Lo cierto es que el Ejecutivo lleva ya algunas semanas poniendo a punto la maquinaria para negociar las cuentas del año que viene. En ellas seguirán las directrices de Bruselas de que retirar los estímulos antes de tiempo podría ser contraproducente para la recuperación; no se piensa, en estos momentos, volver a la ortodoxia fiscal a corto-medio plazo ya que las reglas fiscales permanecerán suspendidas a nivel comunitario hasta 2023.

Así las cosas, el Gobierno fía el equilibrio de las finanzas públicas a la recuperación económica y al aumento de la recaudación por los nuevos impuestos y subidas de otros acometidos ya este ejercicio. Con todo, mientras que Podemos busca que la esperada reforma fiscal aterrice ya desde el 1 de enero de 2022, en el ala socialista, con Calviño y Montero a la cabeza, se niega que la revolución fiscal se vaya a implementar este año que viene; la intención es esperar a que el grupo de expertos para la reforma fiscal emita su informe a principios de 2022 y p0oner en marcha las medidas ya en 2023.

Aun así, como publicó ABC, en Hacienda no se descarta que en 2022 ya se incluya alguna medida fiscal concreta, aunque el grueso de la reforma se deje para el ejercicio siguiente. Serviría como una suerte de guiño para la vertiente morada del Ejecutivo.

Subir el SMI
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido uno de los grandes choques entre Podemos y PSOE en el Gobierno. Díaz lleva semanas presionando para aprobar un nuevo alza, mientras que Calviño se resistía a abordarla. Ahora, el panorama ha cambiado.

La vicepresidenta económica ha señalado en rueda de prensa que están abiertos a estudiar un posible incremento en el último trimestre de este ejercicio, aunque, en todo caso, no faltan advertencias sobre este tipo de políticas. Según un reciente análisis del Banco de España, el incremento experimentado en 2019 del 22% pudo costar a la economía española entre 83.000 y 180.000 puestos de trabajo, por un menor crecimiento de la ocupación.
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