La omnipresente demagogia de la brecha salarial
La brecha salarial entre hombres y mujeres es un fenómeno estadístico cierto: en términos promedios, los hombres españoles perciben unos salarios que son un 22,8% superiores a los de las mujeres españolas (en 2015, el salario medio de los hombres fue de 25.992 euros anuales, mientras que el de las mujeres ascendió a 20.051 euros anuales). Ahora bien, y en contra de lo que muchas feministas colectivistas han querido transmitir durante los últimos días, esta brecha no es necesariamente el resultado de una discriminación salarial por parte de los empresarios en contra de las mujeres. Cabe la posibilidad de que, en términos promedios, hombres y mujeres cobren un salario distinto porque, de nuevo en términos promedios, hombres y mujeres desempeñen trabajos distintos.
Y, en efecto, así es. La brecha salarial del 22,8% puede explicarse por cuatro factores: primero, en términos medios, las mujeres trabajan (fuera de los hogares) menos horas que los hombres (en 2017, los hombres trabajaron 36,4 horas semanales frente a las 30,4 de las mujeres); segundo, en términos medios, los hombres ocupan categorías profesionales más elevadas que las mujeres; tercero, en términos medios, los hombres trabajan en sectores mejor pagados que las mujeres (el 80% de los trabajadores en el sector de suministro energético son hombres y el 88% de los empleados del hogar son mujeres); y cuarto, también en términos medios, la paternidad afecta mucho menos negativamente a los hombres que a las mujeres, pues son éstas quienes tienden a renunciar desproporcionadamente a su carrera profesional para atender la crianza de los niños.
Si ajustamos el salario de hombres y mujeres en función de todos esos parámetros que tanto diferencian sus empleos, entonces la famosa brecha salarial simplemente desaparece o queda reducida a una mínima, y casi irrelevante, expresión. Por ejemplo, la brecha salarial por hora entre hombres y mujeres menores de 30 años (momento en el que todavía no influye demasiado la maternidad o las posibilidades de ascenso) apenas asciende en España al 3,4%. En otros países europeos incluso llega al extremo de volverse negativa (esto es, se convierte en una brecha a favor de la mujer).
Todo lo anterior no significa necesariamente que no exista ningún tipo de discriminación social hacia las mujeres.
Por ejemplo, las menores jornadas laborales femeninas podrían estar relacionadas con que, aún hoy, son ellas las que se siguen haciendo mayoritariamente cargo de las tareas del hogar; a su vez, que las mujeres asciendan menos que los hombres a puestos de mayor responsabilidad podría estar relacionado con una cierta cooptación masculina (los hombres promocionan a otros hombres); nuevamente, que las mujeres se concentren en sectores peor pagados podría deberse a la necesidad de refugiarse en sectores con horarios flexibles para poder atender una misión –el cuidado de los hijos– que les viene determinada por una cierta presión social.
Cualquiera de estas hipótesis es compatible con las causas a las que hemos atribuido la brecha salarial. También lo son, por cierto, otras hipótesis nada relacionadas con ningún tipo de discriminación social hacia el sexo femenino: por ejemplo, que las mujeres voluntariamente prefieran criar a sus hijos antes que desarrollar sus carreras profesionales, y que por eso demanden jornadas laborales más cortas y renuncien a asumir exigentes puestos de responsabilidad dentro de las empresas. Tanto los usos sociales como la biología podrían explicar, en última instancia, los factores que, a su vez, generan la brecha salarial observada en nuestras economías: lo que en ningún caso podemos decir es que la brecha salarial es una consecuencia directa de que los empresarios decidan pagar a las mujeres menos que a los hombres por realizar idénticos trabajos. De ahí que gran parte de la retórica anticapitalista que también destiló la huelga feminista del pasado 8 de marzo sea meramente otro ejemplo de grotesca manipulación ideológica.
Más sueldo para los funcionarios
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha rubricado con las asociaciones sindicales un acuerdo para incrementar el salario de los empleados públicos entre un 6,1% y un 8,8% hasta 2020, según evolucione el crecimiento económico y el déficit público. El pacto también contempla que aquellas comunidades que cumplan con el déficit podrán restablecer la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios y reponer el 100% de las plazas que queden vacantes. En conjunto, estamos ante un giro en la política presupuestaria que incrementará sustancialmente el gasto de las administraciones y que, como toda política presupuestaria, recaerá sobre las espaldas de los contribuyentes. La cuestión es si resulta razonable que un sector privado todavía muy debilitado cargue con los excesos de un sector público todavía hipertrofiado.
Guerra comercial
Suenan tambores de guerra comercial entre EE UU y la UE. Después de que Trump haya anunciado aranceles a la importación de acero y aluminio, los jerarcas comunitarios amenazan con aranceles a la importación de productos estadounidenses como Levis, bourbon o Harley Davidson. Y, aunque podría parecer muy lógico que, si una potencia extranjera te perjudica con aranceles, tu reacción sea castigarla con otros, semejante lógica genera mucho más perjuicios que beneficios. A la postre, a quien ha dañado Trump es a los productores europeos de acero y a los consumidores estadounidenses de acero (o de productos derivados): no tiene sentido que la UE pretenda dañar a los inocentes productores estadounidenses de Levis o bourbon y a los inocentes consumidores europeos de tales productos.
Linde tiene razón con los pensionistas
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, realizó unas declaraciones que, pese a su impopularidad, fueron certeras: los jubilados españoles son más ricos de lo que figura en las estadísticas. La razón es la fuerte penetración de la propiedad inmobiliaria en nuestro país, especialmente entre los mayores de 65 años (el 88% es propietario de un inmueble y casi el 50% cuenta con una segunda residencia). Disfrutar de una vivienda pagada equivale a estar percibiendo una renta en especie (el propietario no necesita abonar una renta de alquiler), lo que incrementa sus ingresos disponibles y su calidad de vida. Cuando contabilizamos esa renta en especie, la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años ni siquiera alcanza el 6,5% del total, una de las más reducidas de Europa.
Source: The PPP Economy