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Tuesday, August 3, 2021

Rato y Blesa piden su absolución porque no hubo delito en las "blacks"


La entrega y el uso de las tarjetas de crédito estaban oportunamente soportadas por los acuerdos correspondientes de los órganos que resultaban competentes al efecto, así como por unos contratos marco; los cargos de las tarjetas habían sido transparentemente contabilizadas cada mes desde el inicio, con el resto de tarjetas, tras el control de diferentes departamentos de la organización; y los «cargos habían sido oportunamente declarados a Hacienda como gastos deducibles hasta el ejercicio 2012, que tuvo ocasión de revisarlos». Éstos son los tres principales argumentos que esgrime la defensa de Rodrigo Rato en el escrito que ayer fue presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernández Andreu en el que rechaza la comisión de ningún delito por haber entregado y usado las «tarjetas blacks» cuando era presidente de Bankia, entre enero de 2010 y mayo de 2012.

El escrito de defensa, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, arranca señalando que cuando Rodrigo Rato accedió a la presidencia ejecutiva de la Caja de Ahorros de Madrid, el 28 de enero de 2010, la entidad financiera venía desarrollando desde mucho tiempo antes acuerdos ya adoptados en todos los órdenes respecto de la emisión, la entrega y el uso por parte de los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y de directivos, de las tarjetas de crédito que dan nombre a la pieza separada que se pretende juzgar. Para la defensa, Rato no tuvo participación alguna en la instauración del sistema. La defensa del ex presidente de Bankia esgrime que a Rato le fue entregada una tarjeta de crédito, junto con otros instrumentos tale como los seguros, identificación… «por la misma persona que había firmado su contrato, que representaba en ese momento las máximas funciones ejecutivas de la entidad, para que le diera un uso que se ajustaba plenamente a las previsiones establecidas en su contrato, como miembro del comité de dirección y con esa conciencia la utilizó».

El principal argumento que esgrime el abogado del ex presidente de Bankia, Ignacio Ayala, es que cuando la entidad le puso en su conocimiento que las cantidades cargadas a su tarjeta (además de a otras ) estaban siendo revisadas, «procedió, de manera voluntaria y espontánea a ingresar en las cuentas de la entidad la suma de 54.837,12 euros que aparecía abonada con cargos a la citada tarjeta durante el año 2011 y unos meses de 2012». Asimismo, Rodrigo Rato decidió también ingresar en las cuentas de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad la cantidad de 44.000 euros que figuraba abonada por Caja Madrid en el año 2010 con cargo a la tarjeta de que era usuario.

Source: The PPP Economy

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