¿Pueden las nucleares cerrar sus centrales sin la autorización del Gobierno?
El sector de la energía nuclear fue el primero en reaccionar tras la aprobación de la reforma energética del Gobierno. En un duro comunicado, el Foro Nuclear, patronal del sector, aseguraba ayer que las medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y advertía de que la medida podría llevar a muchas empresas a la «inviabilidad económico-financiera» y el consecuente «cese anticipado de la actividad».
La amenaza encendía todas las alarmas del sector. La energía nuclear es una de las más baratas de producir y, por tanto, el cierre de las centrales podría provocar un encarecimiento adicional del precio de la luz en el mercado mayorista. Todo ello mientras la electricidad enlaza récord tras récord hasta situarse este jueves en 188,18 euros por megavatio hora.
El Gobierno, no obstante, se encargó unas horas después de templar los ánimos. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamaba a última hora del martes a las centrales nucleares que no reaccionasen «en caliente» a las medidas del Ejecutivo para bajar el precio de la luz y les pidió «prudencia».
En una entrevista en la Cadena Ser, Ribera aseguraba además que en el sistema eléctrico hay «algo muy importante» que es «la seguridad del suministro», que se debe garantizar para que, en un «momento pico de demanda», se cuente «con capacidad de generar electricidad».
Así, recordó que Red Eléctrica, «como operador del sistema», debe determinar «si es posible o no cerrar cualquier central nuclear». La ministra subrayó se trata de un «sector regulado» que debe garantizar «la seguridad del suministro». «Es muy probable que Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es fundamental para la garantía del suministro», ha defendido.
El Foro Nuclear lejos de recular, ha contraatacado. Fuentes de la organización explican a ABC que de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el titular de una autorización de explotación comunicará al Ministerio correspondiente, al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación.
«Tanto en este supuesto, como cuando el cese de la actividad se deba a alguna otra circunstancia, el Ministerio correspondiente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, declarará el cese de dicha actividad, estableciendo en la autorización de explotación las condiciones a las que deban ajustarse las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento, o de desmantelamiento y cierre».
Aunque el Foro Nuclear admite que el cierre sería más ágil si está motivado por razones de seguridad o ideológicas. Pero asegura que aunque el cese de actividad no responda a estos condicionantes se hará efectivo en el plazo de un año. La guerra, por tanto, entre el Gobierno y las nucleares sigue abierta.