Panamá busca blindar filtraciones del coloso fiscal Morgan & Morgan


Para unos, la piñata de las sociedades «offshore» tenía que reventar, para otros, estamos ante una conspiración que aspira a enlodar el nombre de Panamá. A refugio de la tormenta cáustica, acaso disociado de la realidad, el Gobierno panameño ha convocado una reunión de alto nivel para este martes con los prohombres del sector financiero. El objetivo, evaluar daños, coordinar el contrataque diplomático y, según el comunicado oficial, «repasar las acciones presentes y futuras en relación con las recientes divulgaciones que involucran a Panamá».

Más allá las escaramuzas mediáticas y los ataques de chovinismo, temen que arda la mitología del istmo, la «omertà» por la que velan las grandes firmas de abogados. Hay pavor a que las filtraciones del despacho Mossack y Fonseca pudieran contagiarse a los otros portaviones del sector, Morgan & Morgan, Gala (Galindo, Arias, López), Arifa (Arias Fábrega y Fábrega), etc. Quizá el de más solera, el que de alguna forma trazó el modelo, sea Morgan & Morgan. Un despacho fundado en 1923 por el abogado Eduardo Morgan Álvarez, y que en la actualidad cuenta con más de 800 empleados repartidos por las principales plazas financieras, y no pocos de los paraísos fiscales, del mundo.

«Eduardo Morgan Jr., hijo del fundador, es don Corleone», explica Andy, nombre ficticio del banquero panameño entrevistado por LA RAZÓN. Dirige el despacho junto su hermano, Juan David Morgan, y fue embajador con Torrijos. «Todos los consulados eran suyos, y en aquella época no había tarifas que establecieran lo que se cobraba por los servicios consulares. Como comprenderán, se pusieron las botas».

Según Andy, «Morgan & Morgan forma un complejo integrado verticalmente, y tienen un banco propio, reaseguradoras, etc. Morgan es el prototipo, a lo que aspiraría Mossack y Fonseca, que sólo pueden competir con ellos en el asunto de las sociedades». Pero la gran diferencia, lo que distingue a una firma «boutique» como Mossack y Fonseca de un coloso como Morgan, es que el segundo es «mayorista».

A diferencia de Mossac & Fonseca, Morgan no abre franquicias ni usa intermediarios. Sus clientes trabajan directamente con sus expertos. La línea es directa, sin pantallas ni cortinas ni fumarolas de por medio. En el caso de abrirse una falla y conocerse la identidad de sus clientes jamás podrán replicar, como Ramón Fonseca a la televisión de Panamá, «yo le garantizo que vamos a seguir impunes y sin ningún tipo de acusación, porque no somos responsables de las acciones de las sociedades que nosotros formamos».

E incluso Mossac y Fonseca, cuyos portavoces repiten una y otra vez que el único delito cometido ha sido el de la filtración de los papeles, ven comprometida su posición con declaraciones como las del economista Francisco Bustamante, de 66 años, antiguo intendente de supervisión y regulación de productos no financieros, el organismo dedicado a verificar la aplicación del cumplimiento de la ley anti-lavado.

Para Bustamante, cuyas palabras fueron recogidas por el periódico «Panamá América», Mossac y Fonseca «sí conocía la información de sus clientes finales».

Aparte, «los despachos de abogados tienen la obligación de hacer las diligencias oportunas para detectar posibles riesgos en la información del cliente final y, de encontrarse alguno, realizar una diligencia ampliada».

Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, protestaba ayer en televisión: «El país no puede permitir que este chantaje nos lesione, y es injusto que se nos juzgue con los estándares de hace años».

¿Estado fallido?

Pero el economista Julio Manduley, director del Centro de Estudios Estratégicos, habla de impunidad rampante. Al respecto aclara que la «mafiocracia», el ecosistema en el que florecieron la economía panameña y los despachos mitológicos, no es un «insulto», sino «una categoría de análisis, imprescindible para comprender Panamá y otros estados que sufren la ausencia de instituciones democráticas, con numerosas personas comprometidas con organizaciones criminales y vinculadas a los más elevados niveles políticos y económicos y numerosos funcionarios gubernamentales utilizados como instrumentos de las mafias». Sin olvidar «el control de los medios de comunicación y la corrupción e ineficacia manifiestas de todo el sistema judicial».

Una descripción que, según Manduley, encaja encaja perfectamente en la «definición de la mafia del Comité Especial de Naciones Unidas para el Estudio de la delincuencia organizada».

¿Es posible que el de Mossack y Fonseca fuera un caso aislado? A fin de cuentas otros despachos, como Morgan & Morgan, ya funcionaban en los días sin ley, durante la fastuosa juerga que dirigía Noriega. «Le voy a responder con las palabras del señor Castro, que fue nada menos que jefe de la Comisión Anti-Lavado de Dinero y que en 1996 le declaró a “The New York Times”: “Si busca en Panamá a todas las personas que hicieron negocios con Noriega y su régimen, se dará cuenta que la única que no participó fue Teresa de Calcuta”».

Source: The PPP Economy

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