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Saturday, May 8, 2021

Medidas costosas e infructuosas


A apenas dos semanas de que se celebren los comicios, los brindis al sol prevalecen sobre las propuestas realistas. Si bien las medidas electorales proliferan, la renta mínima es uno de los aspectos sobre los que más se está debatiendo. Pero, aunque algunos políticos pretendan demostrar que han descubierto el antídoto contra la miseria, cabe recordar que desde que comenzó la crisis en España contamos con una ayuda extraordinaria de 420 euros para desempleados que hayan agotado sus prestaciones y no reciban ningún ingreso.

A la mayoría de las fuentes consultadas la renta básica universal no les parece una buena idea y admiten que, aunque en España el resultado del referéndum celebrado en Suiza hubiera tenido un resultado diferente, habría que preguntarse cómo sufragarla, porque quizás obligaría a eliminar el resto del gasto público.

Unidos Podemos promete crear un programa de renta garantizada que complemente los ingresos del hogar para todas las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza. La cuantía inicial sería de 600 euros mensuales, que aumentarían progresivamente en función del número de miembros (35% adicional para el segundo, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290 euros.

Primera promesa

Carlos Martínez, director general de IMF Business School, recuerda que Podemos prometió en un principio una renta mínima para toda la población de 645 euros, con un coste estimado de unos 257.000 millones de euros, aunque algunos estudios señalaban que el coste real sería de 361.000 millones. La nueva propuesta, según distintos cálculos, supondría más de 72.000 millones de euros anuales, «totalmente inasumibles, ya que supondría aumentar un 3% aproximadamente el déficit. Además, medidas como ésta desincentivarían la búsqueda de empleo y la productividad». Daniel Lacalle, autor de «Acabemos con el paro», opina que la renta básica propuesta por Podemos «no sólo crea un desincentivo al trabajo y un coste inasumible al sistema, sino que rompe la meritocracia e impide la salida de la pobreza, ya que crea clientes «rehenes» que poco a poco sólo saben depender del Estado».

El PSOE propone un ingreso mínimo vital para que las personas en riesgo de exclusión cubran sus necesidades básicas. La cuantía de esta prestación sería de 426 euros al mes, que podrían llegar a los 708 euros si hubiera tres o más personas a cargo. Martínez piensa que esta medida, que ya viene aplicándose desde el inicio de la crisis, no soluciona nada a medio plazo, aunque de momento es necesaria. Los socialistas cifran el coste de esta decisión en unos 6.400 millones de euros, cantidad asumible únicamente aumentando la presión fiscal. «No podemos tener una sociedad mayoritariamente subsidiada. Debemos dar a nuestros desempleados la caña para pescar, no el pescado. Este tipo de ayudas a largo plazo consiguen frenar la iniciativa, la productividad y la economía de un país», apostilla Martínez. Lacalle remarca que ya se destina más de un 20% del PIB a gasto social y que existen mecanismos importantes para ayudar a los más necesitados.

La propuesta estrella de Ciudadanos en favor de las clases populares es un programa dotado con 8.500 millones de euros. Los de naranja no hablan de ingresos mínimos vitales, pero han revisado su Complemento Salarial Garantizado (CSG) para ajustar el coste, ahora estimado en 2.800 millones de euros. Este complemento dará una media de 1.400 euros anuales, 14 pagas de 100 euros, de media, para dos millones de hogares.

Martínez cree que esta medida «iría en contra de la productividad y mantendría artificialmente sectores de baja competitividad y empleos de baja cualificación. Asimismo, habría un riesgo elevado de fraude, porque algunos empresarios pagarían un menor salario, esperando que la diferencia fuera cubierta por la arcas públicas».

Teniendo en cuenta el desfase presupuestario y las advertencias de Bruselas, ¿cómo financiar este aumento de gasto desbocado? Lacalle destaca que la manida «lucha contra el fraude e impuestos a los ricos» es el cuento de la lechera. Y es que en España los poco más de 613.000 contribuyentes que declaran más de 60.000 euros de sueldo bruto en IRPF aportan 20.000 millones de euros. «Ni subiéndoselos un 100% se recaudarían lo necesario». Además, apunta que considerando que la media de error en estimaciones de ingresos esperados por impuestos es de un 1% del PIB, según el BCE, la cifra de déficit podría dispararse a niveles similares a los de 2011. «Y volver al borde de la quiebra», sentencia.

Source: The PPP Economy

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