Madrid no cede al «exterminio» de los VTC ni al modelo catalán


El Gobierno madrileño no cede y no legislará para «propiciar el exterminio» de las VTC. Estudiará la propuesta que presentarán hoy los taxistas pero el vicepresidente madrileño, Pedro Rollán, ya avanzó ayer que descarta regular la precontratación temporal de los VTC con un mínimo de 60 minutos, como quieren los taxistas, a imagen y semejanza de Cataluña. «Es una de las líneas rojas y el modelo catalán no lo damos por bueno», sentenció.

Las distintas asociaciones del taxi no han dado su brazo a torcer y han presentado ante la Consejería de Transportes de la Comunidad la nueva propuesta de regulación del sector VTC. Fuentes del sector han destacado que el colectivo realizó «una rebaja considerable» con respecto a sus pretensiones iniciales. Dicha propuesta incluye que se fije en la normativa un recorrido mínimo de 5 kilómetros para evitar que las VTC realicen una «competencia desleal» contra el sector del taxi. Además, el portavoz de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, indicó que el colectivo daría por resuelto el conflicto con un sistema similar al acordado en Cataluña, con un plazo mínimo para la precontratación temporal de entre 15 minutos y hasta una hora. El mismo portavoz aseguró que los taxistas seguirán con los paros en caso de no haber avances en la línea de negociación, como sucedió ayer.

La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana con una reivindicación de unos pocos centenares de taxistas ante la sede del sindicato UGT en Avenida de América. Los manifestantes profirieron gritos de «mercenarios» contra la sede del sindicato, que ayer se posicionó al lado de los conductores de VTC en su protesta ante la sede de Podemos, y más tarde ante la del partido Socialista, en la calle Ferraz. Más tarde, en torno a las 10:30, se reunió un multitudinario grupo de unas 2.000 personas que, junto a los que provenían desde Avenida de América, marchó por María de Molina en dirección a la sede del PP en la calle Génova para seguir con las protestas, como hicieron ayer. En todo momento estuvieron controlados por la Policía Nacional, que cortó varias calles como Velázquez al paso de la marcha.

Ya ante la sede del PP, comenzaron con las críticas de tipo político pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido: «Garrido, escucha, el taxi está en la lucha» o la tan coreada «Garrido dimisión». Mientras tanto, en la sede de los populares, se celebraba el Comité de Dirección de la formación presidido por su presidente, Pablo Casado.

El vicepresidente madrileño, Pedro Rollán, hizo ayer un llamamiento a «la cordura y el sentido común» por ambas partes a la vez que reprendió a los taxistas por el «secuestro» de la capital y los «huevos incrustados» en la fachada de la sede de los populares en las concentraciones que han protagonizado, que «no ayudan a limpiar el buen nombre de los taxistas». También arremetió contra el delegado del Gobierno en Madrid que «ni está ni se le espera», y apuntó al ayuntamiento madrileño como la administración responsable de flexibilizar la situación de los trabajadores del taxi frente a las limitaciones que tiene con respecto a las VTC modificando ordenanzas para que los taxistas no puedan trabajar los siete días de la semana o utilizar cualquier vehículo. «Hay que hacer más competitivo al sector del taxi y crear un fondo de compensación en el que se puedan dar unas condiciones que marquen el futuro de una sana y lógica convivencia entre los dos sectores», aseveró.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó en declaraciones a TVE que espera que las comunidades autónomas puedan arbitrar la «convivencia», y señaló que el Gobierno va a «apoyar y prestar todo el soporte necesario» para tener un «acuerdo razonable».

Por otro lado, Ciudadanos consideró que hay «espacio de sobra» para la convivencia del modelo de negocio de los VTC junto a los taxis. Un portavoz de la formación destacó que habría que pensar «ratios conforme al mercado», descartando la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.

A este respecto se refirió desde Podemos la portavoz Ione Belarra, quien afirmó que le parecía «sorprendente» que haya que convocar una huelga «para que se cumpla la ley».

Source: The PPP Economy

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