The PPP Economy

El Estado ya ha hecho el cálculo de lo que considera debe pagar por la quiebra de las ocho autopistas radiales que se construyeron durante el Gobierno de José María Aznar. Y es mayor de la que en principio se dijo. Según su estimación, los fondos acreedores tienen derecho a recibir 3.305 millones de euros. Así lo ha establecido conforme al nuevo sistema de cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado.

La cantidad es sensiblemente superior a los 1.800 millones de euros que el Gobierno comunicó a Bruselas que costaría la indemnización por la resolución anticipada de los contratos de concesión de estas vías. Y a pesar de ello, sigue estando muy lejos de lo que exigen los fondos de inversión que compraron la deuda a la banca y que se han convertido en las acreedoras del Estado. Estos fondos la cifran en unos 4.500 millones de euros, de los que 400 millones corresponderían a intereses de demora. Esta diferencia tan importante, y la falta de voluntad que, según los fondos, ha mostrado el Gobierno para alcanzar algún acuerdo, es lo que, en principio, abocará a un largo proceso judicial.

El dinero que el Estado deba finalmente abonar a estos fondos irá directamente a engrosar el déficit público, lo que complicará todavía más la consecución de los objetivos de déficit.

Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento.

Source: The PPP Economy