La UE enjuiciará el impuesto catalán a las grandes superficies
Bruselas tendrá la última palabra sobre el impuesto autonómico a grandes superficies comerciales que aplican Cataluña, Asturias y Aragón. El Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la UE (TSJUE) dos cuestiones para que resuelva la legalidad de la tasa, según los autos publicados ayer. El alto tribunal ha solicitado al TSJUE que resuelva si el impuesto es compatible con el derecho a la libertad de establecimiento y con la regulación europea en materia de ayudas de Estado.
Una vez se pronuncie el tribunal europeo –se estima que tardará entre un año y medio y dos años– y teniendo en cuenta su decisión, el Supremo dictará sentencia sobre los recursos interpuestos por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra dicho gravamen autonómico.
La tasa en litigio grava el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales cuya superficie oscila entre los 500 y 4.000 metros cuadrados. Presuntamente, su recaudación sirve para compensar el impacto que estos comercios producen sobre el territorio, el medio ambiente y el comercio urbano. Sin embargo, desde Bruselas diversos organismos ya han cuestionado la finalidad y la legalidad de la medida. A finales de 2015, el Supremo suspendió cautelarmente la liquidación de más de tres millones de euros del impuesto de tres centros de El Corte Inglés en Cataluña después de que la Comisión Europea lo calificara como una «ayuda estatal incompatible» con su ordenamiento. El alto tribunal tuvo en cuenta unas comunicaciones de finales de 2014 de la Comisión Europea y la Dirección General de Fiscalidad de la UE a España. En ellas, la Comisión informó al Gobierno de que, tras un análisis preliminar, se planteaba considerar la exención concedida al pequeño comercio y a algunos establecimientos como una ayuda estatal ilegal. La Dirección General de Competencia también tiene abierto un procedimiento contra España por ayudas de Estado. El organismo cree que la tasa es incompatible y ha ordenando a España que lo retire o lo modifique ampliándolo a todo el comercio. La Dirección General de Fiscalidad y Aduanas ha abierto un procedimiento formal contra las autoridades españolas por estas tasas porque pueden vulnerar la libertad de establecimiento recogida en el Tratado de la UE.
Source: The PPP Economy