La tasa Google, una muerte anunciada sin éxito recaudatorio


La tasa Google es desde 2018 un sueño húmedo del Gobierno de Pedro Sánchez. A la segunda fue la vencida y en enero de 2021 entró en vigor. Aunque para entonces ya se anticipaba que su vida útil era finita. Estados Unidos se ha encargado de poner fecha a lo que casi desde el principio era una muerte anunciada: antes de 2024, España deberá suprimir el llamado técnicamente Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

El Ejecutivo renunciará a este impuesto a la economía online, que afecta a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones, para evitar los aranceles norteamericanos a productos españoles. La Administración Biden ha torcido la mano a Sánchez, además de a varios países europeos más. Austria, Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos deberán adecuarse, tras el pacto alcanzado, al marco establecido en la OCDE, que está previsto que entre en vigor a finales de 2023 y que consiste en que las multinacionales tributen por sus beneficios en los territorios donde se generan.

Ahora se abre un periodo transitorio tras el cual la tasa Google deberá desaparecer. Pero las perspectivas de recaudación ni se acercan a lo que vaticinaba el Gobierno en un principio, ni después. El Ejecutivo llegó a calcular ingresos de 1.200 millones de euros; más adelante rectificó la cifra, ya en pandemia, para situar la estimación en 968 millones. Así fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

La realidad ha estropeado el resultado a Sánchez. Hasta agosto, último mes con datos, este impuesto apenas ha ingresado 92 millones de euros, un 9,5% del total en los ocho primeros meses. Fracaso absoluto con incidencia en las cuentas, ya que los ingresos tributarios se calculaban contando con ese dinero.

En el proyecto de Presupuestos de 2022, el Ejecutivo ya ha tenido que dar marcha atrás en sus estimaciones a la vista de los datos. Calcula que para el año que viene por este impuesto se recaudarán apenas 225 millones de euros, cuando en 2019 se pensaba en que sería cinco veces más, y en 2021 que sería más de tres veces más que esto.

El Gobierno, ahora, trata de vender el acuerdo alcanzado con Estados Unidos como una solución pragmática para ambas partes, cuando se trata más de una cesión por parte de España a Biden. De hecho, transmiten una suerte de salvación para los exportadores españoles.

En la memoria queda cuando, en 2019, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostenía que las amenazas de aranceles norteamericanos no le generaban preocupación y que, entonces, era más un problema que estaba en los medios de comunicación y no tanto a nivel diplomático. La amenaza terminó llegando y ha forzado que Hacienda tenga que recular.

Los aranceles no entran ni entrarán en vigor mientras dure este lapso temporal hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando será el marco de la OCDE el que entre en juego. Asimismo, dicho marco, más allá de que establezca que se tribute allí donde se generan los ingresos, establece en un segundo nivel el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades. Esto podría ocasionar un nuevo choque también con Estados Unidos ya que el ‘modus operandi’ del Ejecutivo de Sánchez ha sido el mismo que con la tasa Google: adelantarse a lo acordado a nivel internacional al haberlo impuesto ya de manera unilateral en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Otro gran fracaso

Con todo, no es el único impuesto con el que el Ejecutivo ha pinchado en 2021. La llamada tasa Tobin, que grava ciertas transacciones financieras, estaba previsto que recaudara en 2021 un total de 850 millones de euros. Hasta agosto suma apenas 185 millones de euros.

En el caso de la tasa Tobin ha ocurrido como con su gemela Google, es decir, que el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás de cara al ejercicio que viene. En el proyecto de Presupuestos de 2022 ya se asume el fracaso en las estimaciones de recaudación y se reduce el cálculo de ingresos para el año que viene a 372 millones. Entre ambos impuestos, así, se presupuestan unos ingresos de 600 millones de euros, mientras que un año antes se pensaba, erróneamente a la vista de los datos, que se podría llegar a superar los 1.800 millones de recaudación.

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