La legislación comunitaria despeja pocas dudas


La llegada a las principales ciudades europeas de las redes de transporte a principios de esta década ha cambiado la vida diaria en la grandes urbes. Irrumpieron casi en silencio, aprovechando los vacíos que dejan las leyes, y han pasado al primer plano en apenas cinco años. En algunos casos con polémica y entre las protestas de los servicios tradicionales de transporte público individual, que han visto amenazado su futuro por lo que en todos los países los taxistas consideran competencia desleal. La regulación tendrá que esperar a que el Tribunal de la Unión Europea dicte una sentencia en firme. De momento hay sólo un diagnóstico. No hay ninguna legislación definitiva en la Unión Europea.

Aunque la Comisión Europea en los últimos años se ha mostrado a favor de dar cauce al potencial de la denominada economía colaborativa, el pasado 11 de mayo Uber sufrió un serio revés por parte de la justicia europea. El abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictaminó que Uber es una empresa de transporte y no una mera plataforma tecnológica de intercambio de servicios entre conductores y usuarios. Aunque no se trata de una sentencia firme, en un 80% de casos, aproximadamente, los argumentos del abogado general preceden el fallo final.

Si la sentencia definitiva va en la misma dirección, ésto abriría la puerta a que los Estados europeos pudieran obligar a Uber en sus legislaciones nacionales a hacer frente a las mismas licencias, seguros y autorizaciones que las exigidas a los servicios de taxi tradicionales.

Este caso ha llegado al alto tribunal europeo a través de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona. En 2014, la asociación de taxistas de la ciudad denominada Élite Taxi solicitó que se prohibieran los servicios de Uber Pop a través de la sociedad Uber Spain, que forma parte del grupo que gestiona esta aplicación. A pesar de esto, en España actualmente Uber no opera a través de Uberpop, sino como una empresa de transportes y sus conductores tienen la misma licencia VTC utilizada para alquiler de vehículos con conductor.

Aunque para el abogado general Maciej Szpunar el servicio puede ser considerado «mixto» debido a que una parte se realiza a través de una plataforma electrónica y la otra no, sus conclusiones no pueden resultar más salomónicas, ya que concluye que en ningún caso podría considerarse a Uber como un servicio de la sociedad de la información.

Source: The PPP Economy

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