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Monday, June 24, 2019

La factura de los peajes fallidos que amenaza al Estado: 7.000 millones


Ni este año, ni el que viene. Aunque España ha abandonado el procedimiento de déficit excesivo de Bruselas, la vigilancia a la que somete la Comisión Europea a los Estados con un abultado agujero en sus cuentas públicas, los presupuestos van a seguir más desviados de lo que prevé el Gobierno tanto este año como el que viene, según la UE. Y hay un factor que puede provocar que el agujero público se agrande todavía más: los peajes fallidos. Si prosperan las reclamaciones judiciales ya en marcha y las que están por venir, el Estado podría tener que enfrentarse a un golpe para sus arcas superior a los 7.000 millones de euros.

El que ya está en marcha tiene como protagonista a la concesionaria Abertis. La compañía propiedad de ACS y la italiana Atlantia ha reclamado al Estado 2.951 millones de euros por las inversiones y los descuentos del peaje que realizó en un tramo de la autopista AP-7. En 2006, el Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero suscribió un acuerdo con Abertis por el que la empresa se comprometía a realizar trabajos de ampliación de la vía y a aplicar descuentos en los peajes. A cambio, el Estado asumía el riesgo del tráfico si el volumen de circulación no alcanzaba ciertos niveles. En 2011 cambió el Gobierno y el nuevo Ejecutivo, liderado por Mariano Rajoy, no se mostró de acuerdo con lo firmado por Zapatero. El Ministerio de Fomento mostró sus dudas sobre la interpretación del acuerdo en lo que a las compensaciones por el tráfico se refiere. Abertis estuvo de acuerdo con el cambio de criterio y ante la falta de consenso entre ambas partes, la concesionaria decidió llevar la cuestión ante la Justicia. Ahora, el asunto está en manos del Tribunal Supremo, después de que en 2017 la compañía recibiese una sentencia a su favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue recurrida por el Ministerio de Fomento. La sentencia se esperaba para el pasado mes de febrero, por lo que podría ser anunciada en cualquier momento.

Nueve vías en problemas

El otro conflicto no judicializado aún pero que parece que lleva un camino inexorable hacia los tribunales es el de las nueve autopistas radiales promovidas por el Gobierno de José María Aznar y que han quebrado en los meses pasados. Los fondos de inversión que controlan las concesiones tras comprar su deuda a la banca calculan que la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que el Estado debe abonarles como compensación por extinguir los contratos antes del fin de su vencimiento debería ascender a 3.500 millones de euros. Una cantidad que, si el conflicto acaba en los tribunales y cae de su lado, los fondos incrementan por encima de los 4.000 millones de euros por los intereses de demora acumulados. El Estado, sin embargo, rebaja tal cantidad por debajo de los 2.000 millones de euros, según ha comunicado en alguna ocasión a Bruselas.

El eventual acuerdo entre el Estado y los fondos que podría salvar la situación se antoja en este momento casi imposible. Hace un par de semanas, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo método para calcular la RPA. El sistema, según fuentes conocedoras del asunto, ha alejado todavía más la posibilidad de cualquier solución negociada. Los fondos, por ejemplo, no están de acuerdo con el método para calcular la indemnización por sus inversiones y sus obras. Tampoco lo están con la fecha de inicio que ha establecido el Gobierno para calcular la RPA. Mientras que el Ejecutivo la establece en el momento en que la gestión de las autopistas revirtió al Estado a través de Seittsa, los fondos creen que debería ser cuando se declararon los concursos de acreedores, circunstancia que se produjo meses antes de la reversión.

El Gobierno debería haber comunicado el valor de la RPA a principios de año pero amplió el plazo hasta junio. Una vez que se conozca, lo más previsible es que los fondos, que en este momento no mantienen ningún contacto con el Gobierno, recurran a los tribunales y se inicie una larga batalla judicial.

Source: The PPP Economy

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