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Thursday, December 14, 2017

La CNMC denuncia que la prima eléctrica a la industria está inflada


Competencia ha sido implacable: el servicio de interrumpibilidad está inflando y no está clara su justificación. Esta pata del sistema eléctrico y, sobre todo, los pagos por capacidad a determinadas eléctricas (las compensaciones a las centrales por estar preparadas para entrar en funcionamiento ante necesidades adicionales de electricidad), está bajo la lupa de la Comisión Europea ya que podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas, por lo que el Ministerio de Energía se ha puesto manos a la obra. Desde 2015 hasta este año, el importe asignado en las subastas de interrumpibilidad a las empresas participantes fue de 1.536 millones de euros.

El departamento de Álvaro Nadal ha remitido una orden para modificar los criterios para el pago y prestación de los servicios de interrumpibilidad, la compensación que se paga a grandes consumidores de electricidad por desconectarse en caso de necesidad para el sistema cuando la generación no cubre la demanda, ante la que la CNMC ha presentado el preceptivo informe. Sólo que en este caso, Competencia estima que este servicio «apenas utilizado» tiene un «elevado coste» por lo que se el organismo propone que se justifique su necesidad.

Desde 2015, los pagos por interrumpibilidad se establecen mediante un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico. En su informe, el supervisor afirma que la revisión propuesta por Energía debería haberse abordado con la suficiente antelación para que la próxima subasta de interrumpibilidad hubiera cubierto todo el año en lugar de los cinco meses que ha establecido el ministerio en una disposición adicional.

Además, sobre la adecuación del requerimiento de consumo interrumpible a las necesidades del sistema eléctrico, Competencia se considera que Red Eléctrica (REE) no realiza un cálculo ajustado. «No está justificado el cálculo de las necesidades de potencia interrumpible, tanto para garantizar la cobertura de la punta de demanda como para aportar respuesta rápida en situaciones de emergencia (seguridad zonal), tal y como ha demostrado el reducido uso de este servicio.

En cuanto al diseño de las subastas, el supervisor considera en su informe que los resultados de las subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, realizadas desde 2015, revelan que son demasiado enrevesadas. La CNMC propone «otro tipo de mecanismo más sencillo, previsible y cuyo coste de organización sea más económico, como puede ser una subasta multiproducto de precio uniforme».

Como detalla el informe, el coste del actual sistema de subastas (entre 504.000€ y 660.000 euros€ según se estima en el apartado siguiente) «es muy superior al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España (con costes situados entre 75.000€ y 205.000)». A este coste de organización se suma el hecho de que las subastas pueden llegar a ser maratonianas: se pueden prolongar desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas durante cinco días, lo que infla aún más los costes. El informe también remarca que las subastas del producto de 90 megavativos (MW), son «susceptibles de problemas de competencia», ya que el número de proveedores y la presión competitiva fueron reducidos en las subastas anteriores. La CNMC ya ha advertido en informes anteriores de la escasa competencia en las subastas, especialmente en la de 90 MW. Para evitar esta ausencia de presión, recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5 MW.

La propuesta de Energía establece que para la temporada eléctrica 2018 el periodo será entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018 y determina que el coste imputable a la organización del procedimiento de subastas será soportado por los participantes que resulten adjudicatarios, siendo de 225 euros/MW adjudicado. Por tanto, el coste imputable a la organización del procedimiento de subastas para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, a soportar por los adjudicatarios, se encontrará entre el rango de 504.000 – 660.000€euros. Dichos importes representarían entre el 0,10% y 0,13% del presupuesto asignado a la potencia interrumpible para la temporada 2017 (524,8 millones de euros).

Energía también pretende «flexibilizar» los parámetros que permiten aplicar el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, hasta ahora sujetos exclusivamente a criterios de demanda y ampliarlos a criterios económicos. Se pretende así aumentar el número de horas potenciales en las que podrá emitirse una orden de reducción de potencia para así abaratar el precio del megavatio ante circunstancias excepcionales.

A tal efecto, Energía quiere reducir el tiempo de preaviso a una empresa para ejecutar una reducción de potencia. Se elimina el tipo de opción de ejecución que conllevaba un preaviso mínimo de dos horas. Se mantienen únicamente 2 tipos de opción de ejecución: instantánea y con aviso mínimo de 15 minutos para agilizar el parón en los grandes consumidores que cobran por estar disponibles. Con estas medidas, el ministerio de Nadal quiere optimizar los pagos que realiza y evitar posibles sanciones de la Comisión Europea. Y como se pretende que el servicio sea un recurso más frecuente establecerá un plazo de aplicación semestral para el incentivo a la disponibilidad ya que se ajusta más eficazmente al contexto energético que el actual, por un año. Por último, la orden excluye del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad a las instalaciones de generación hidráulica, ya que el uso humano o para regadío tienen preferencia.

Source: The PPP Economy

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