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Wednesday, August 21, 2019

Impuestos autonómicos: un arma electoral de 100.000 millones


Los impuestos, como casi todo, también tienen color político. En la España tradicional del rojo o azul (aunque últimamente han aparecido más colores como alternativa), incluso el fisco tiene ideología, convirtiendo a los tributos en un arma electoral muy poderosa. Tanto que las comunidades autónomas recaudan impositivamente cada año unos 100.000 millones de euros, dinero suficiente para pagar todas las pensiones contributivas de jubilación durante un año entero. Aunque parte de esta cifra llega a las arcas regionales procedente del Estado y sin que que las autonomías tengan nada que decir sobre esos impuestos (IVA, sobre todo), otras figuras sí dependen de los designios del Gobierno regional de turno. Es el caso por ejemplo del Impuesto sobre la Renta de los Personas Físicas (IRPF), Sucesiones, Donaciones o Patrimonio. Esto provoca una España a varias velocidades fiscales, en las que unas regiones optan por impuestos más altos o más bajos que sus vecinos, y donde el signo político marca la pauta.

A apenas unas horas de que en tres cuartas partes de España se celebren elecciones autonómicas y un mes después de las generales, las propuestas de los partidos anticipan claramente por dónde van los tiros en materia tributaria. En resumen, más impuestos con PSOE y Podemos, frente a bajadas generalizadas con PP y Ciudadanos. De hecho, los datos enviados por Pedro Sánchez a la Unión Europea apenas dos días después de ganar las elecciones del 28 de abril contemplan subir la presión fiscal hasta su máximo histórico de aquí al año 2022, sacando del bolsillo de los españoles 26.500 millones de euros adicionales en la nueva legislatura. Un «sablazo» del que nada habló el líder del PSOE durante la campaña ni en las 300 páginas de su programa electoral, pero que incluso se queda corto para Podemos.

La prueba del nueve que los impuestos son un arma arrojadiza en las comunidades autónomas se encuentra fácilmente al comparar los distintos usos que hace cada región de las figuras tributarias propias o compartidas con el Estado. El caso más importante es el del IRPF, cuya recaudación está cedida a la mitad a las autonomías y por el que se embolsaron el año pasado más de 40.000 millones de euros, teniendo además voz y voto en su configuración.

Hacienda fija un tipo mínimo del 9,5% y un máximo del 22,5%, a los que hay que sumar los tramos que decida cada uno de los 15 Gobiernos autonómicos de la llamada «caja común». País Vasco y Navarra van por libre en este sentido y fijan la totalidad del tipo impositivo. De esta forma, el tipo mínimo del IRPF va desde el 18,5% de la Comunidad de Madrid y de Canarias hasta el 21,5% de Cataluña. En el tipo máximo, Madrid es también la que tiene un impuesto más bajo (43,5%), frente al 48% de Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja y Comunidad Valenciana. En País Vasco llega hasta el 49% y en Navarra, hasta el 52%.

Según los datos de 2018 del Consejo General de Economistas de España, el tipo máximo medio en las 15 regiones «comunes» es del 46,6%. En las siete comunidades gobernadas por el PSOE al cierre del año pasado (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana) la cifra media del IRPF máximo sube hasta el 47,3%. En las cinco gobernadas por el PP (Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja), la media del IRPF máximo es del 45,2%, dos puntos por debajo de las socialistas. Las únicas que se salen del guión de sus partidos son Castilla-La Mancha (por debajo de la media) y Murcia y La Rioja (por encima).

Para un contribuyente medio que declare 20.000 euros anuales (el sueldo más frecuente en España es de 16.500 euros), la tarifa del IRPF va desde los 2.269 euros de Madrid (la más baja) a los 2.511 de Cataluña (la más alta). En las comunidades socialistas, la media es de 2.364 euros, frente a los 2.326 de las populares. Para un contribuyente de 30.000 euros anuales, las diferencias crecen, siendo también los extremos Madrid (4.795 euros de tarifa) y Cataluña (5.103). En este caso, la media socialista es de 4.985 euros y la del PP, de 4.900 euros.

Uno de los puntos más polémicos es el Impuesto sobre Sucesiones, donde los distintos reinos de Taifas autonómicos arrojan diferencias de cientos de miles de euros para una misma herencia. El PSOE quiere desde hace tiempo armonizar esta tributación, medida que podría incluir en la próxima reforma de la financiación autonómica. Ángel Gabilondo, candidato socialista a la Comunidad de Madrid, planteó hace unos días recuperar este impuesto en la región, que hasta ahora se ha mantenido como uno de los oasis fiscales de España, herencias incluidas. Un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, pagaría por esta herencia 103.135 euros en Asturias. En Cantabria y en Andalucía no pagaría ni un euro, en Canarias abonaría 134 euros y en Madrid, 1.586 euros.

Hasta 2017, Andalucía era la región que más gravaba estas herencias, circunstancia que cambió Susana Díaz exigida por Ciudadanos como condición para aprobar sus presupuestos. De hecho, para una donación en vida de 800.000 euros, con las mismas circunstancias que en la herencia expuesta anteriormente, en Andalucía habría que pagar 208.159 euros en impuestos, la cifra más alta de toda España. Sólo en Cantabria no se pagaría nada, mientras que en Canarias serían sólo 200 euros y en Madrid, 2.000 euros. En el caso del Impuesto sobre Patrimonio, unos activos de 800.000 euros (excluidos 300.000 euros de la vivienda habitual), tendrían una carga fiscal de 1.164 euros en Aragón, 1.099 en Extremadura y 769 en Cataluña. En Madrid, en cambio, no habría que pagar nada, que este tributo está bonificado para todos los niveles de patrimonio.

Source: The PPP Economy

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