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Wednesday, November 22, 2017

Hacienda subirá impuestos si el déficit se desvía


El Gobierno saca pecho ante la Unión Europea a cuenta del sólido crecimiento de la economía española. Ha revisado al alza sus previsiones y estima un incremento medio del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5% de aquí a 2020. Cifras que califica de «prudentes y realistas», con un escenario macroeconómico «basado en hipótesis conservadoras». Así lo indica el Ejecutivo en la actualización del Programa de Estabilidad remitida ayer a Bruselas. En el documento, el Ejecutivo español vaticina que el déficit público se reducirá al cierre de este año hasta el 3,1%, desde el 4,3% al que terminó 2016.

No obstante, si la evolución del déficit fuese distinta a la calculada inicialmente, el Gobierno guarda una bala en la recámara para intentar reconducir la situación: subir algunos impuestos medioambientales e introducir un nuevo tributo sobre las bebidas azucaradas, ya anunciado a finales del año pasado, pero que aún no se ha puesto en marcha. Estas dos medidas, impulsadas inicialmente por el Gobierno, quedaron aparcadas como resultado de la negociación entre el PP y Ciudadanos para desatascar los Presupuestos Generales del Estado. La formación liderada por Albert Rivera sólo comprometió su apoyo a las cuentas de 2017 una vez que el Ejecutivo las retiró de la mesa de negociación.

Ahora, el Gobierno vuelve a recuperarlas, aunque sólo como último recurso. «En el marco la reforma de la financiación territorial se valorará el establecimiento de un nuevo tributo, el Impuesto sobre bebidas azucaradas y carbonatadas, así como la reforma de la fiscalidad medioambiental, que contribuirán no sólo a mejorar la fiscalidad sino al mejor funcionamiento de la unidad de mercado». En este sentido, Cataluña empezará mañana a aplicar el citado impuesto sobre el azúcar. La Generalitat catalana se ha quedado sola en la aplicación de este tributo, que encarecerá entre un 10% y un 20% productos como refrescos, zumos o batidos, en comparación con el resto de España.

Según se detalla en el cuarto bloque del programa de estabilidad «se valorará la posibilidad de activar estas reformas [los impuestos medioambientales y sobre el azúcar] si fuese necesario, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria». En cualquier caso, esta «última bala» del Gobierno para combatir una desviación del déficit sería de «pequeño calibre» en comparación con el volumen del ajuste que exige la UE a España.

Este año, nuestro país debe reducir el déficit público en 1,3 puntos porcentuales. Traducido a euros, supone un ajuste de 15.000 millones en sólo doce meses, que en su mayor parte debería venir del aumento de los ingresos tributarios. Sin embargo, la «minirreforma» fiscal de emergencia sólo aportaría a las arcas públicas un máximo de 500 millones de euros: 200 millones de las bebidas azucaradas y 300 millones de la subida de impuestos medioambientales. Esto representa sólo el 3,3% del ajuste comprometido por España con Bruselas para 2017. Eso suponiendo que se aplicase durante todo el año, algo ya imposible a punto de entrar en mayo y con un tramitación legislativa que podría durar meses. En el mejor de los casos y siempre y cuando estos mecanismos se activasen ya, no entrarían en vigor hasta finales de verano, reduciendo aún más su capacidad recaudatoria.

Es decir, se trata más de un mensaje simbólico a la UE acerca del compromiso de España en la lucha contra el déficit que de una medida realmente efectiva. También podría activarse más adelante, pues las proyecciones abarcan hasta 2020. Para ese año, el Gobierno confía en casi haber eliminado el déficit (0,5%). De hecho, para el año que viene ya prevé superávit primario, es decir, sin contar el pago de intereses.

Source: The PPP Economy

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