España recibirá 48.000 millones de euros hasta 2027 por la nueva PAC
El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una nueva Política Agrícola Común (PAC), pese a la oposición de los ecologistas y de una parte de la izquierda que consideran que no está a la altura de las ambiciones medioambientales de la Unión Europea (UE). Los eurodiputados que se han reunido en Estrasbrugo se pronunciaron sobre tres textos que rigen este programa. El grupo de los Verdes ha votado en contra de los tres textos, igual que una parte de los socialdemócratas (S&D) y la mayoría de la izquierda radical.
Esta nueva política agraria, que se aplicará a partir de enero de 2023, cuenta con un presupuesto de 387.000 millones de euros (472.000 millones de dólares) hasta 2027 –es decir cerca de un tercio del presupuesto plurianual de la UE — de los cuales, 270.000 millones de euros serían para ayudas directas a los agricultores. Francia es el principal país beneficiado.
La reforma prevé acordar primas a los agricultores que formen parte de programas medioambientales más exigentes, con técnicas más ecológicas o que contribuyan a mejorar el bienestar de los animales. Los Estados deberán destinar una media de 25% por año a los pagos directos a estos «ecorrégimenes» entre 2023 y 2027, con la posibilidad de dedicarle 20% los dos primeros años.
«Es algo inédito», ha afirmado en el hemiciclo el eurodiputado alemán Peter Jahr (PPE, derecha), que presentó uno de los textos. Según él, se trata de un programa «más sostenible, más transparente y más previsible».
En ese sentido, el comisario europeo para la Agricultura,Janusz Wojciechowski, señaló que era «un buen resultado que permitirá a la PAC garantizar una transición hacía una agricultura más sostenible». Pero según el eurodiputado ecologista lituano Bronis Rope, esta «nueva PAC no permite resolver las desigualdades sociales ni lograr los objetivos de protección del medioambiente».
Los Verdes reclamaban un sistema «en coherencia» con las metas europeas en materia de biodiversidad y seguridad alimentaria. Tras el voto del martes, esta nueva política agraria requiere todavía el visto bueno formal de los Estados miembros.