España cae al último puesto entre los países donde invertir en renovables
El cambio regulatorio que supone el anteproyecto de ley presentado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que recorta drásticamente la retribución del CO2 no emitido de las centrales hidroeléctricas, nucleares y eólicas anteriores a 2005 -los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’- «es de gran envergadura, radical y altera de raíz los fundamentos del mercado marginalista y, en consecuencia, la competencia y la liberalización del sector», según un reciente informe de Exane BP Paribas.
El riesgo regulatorio, «consecuencia de la alteración abrupta del marco regulatorio, tiene un impacto negativo en la valoración de los activos ya existentes en el sector y en la evaluación de las expectativas de rentabilidades futuras de las inversiones. El riesgo regulatorio tiene una incidencia en el coste de capital de esas inversiones y, por tanto, su aumento provoca un efecto depresivo sobre el valor de las inversiones realizadas y un impacto desincentivador sobre el valor de las inversiones futuras».
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ya dijo hace unos días que en la confianza de los inversores «no existen medias tintas, o se tienen y respetan las reglas de mercado o la confianza se quiebra por completo».
Como se desprende del informe de Exane BP Paribas del tercer trimestre de 2021, con resultados basados en la encuesta online a inversores y analistas expertos en el sector de las utilities y renovables, España ha descendido al último puesto de la tabla de países atractivos para invertir.
España ha sufrido una caída en su puntuación del 30% en apenas un trimestre, con motivo del anuncio del anteproyecto de ley. En tanto que en el segundo trimestre se situaba en el entorno de la media, en el tercero ha descendido a la última posición. En el segundo trimestre, la puntuación que obtenía Francia, que lidera el ranking, era un 30% superior a la puntuación de España; hoy Francia más que duplica a España en puntuación. De la misma manera, en el segundo trimestre, Alemania, en segunda posición de la tabla, tenía una puntuación un 26% superior a la puntuación de España, hoy casi duplica a la puntuación de España.
Los inversores ya han descontado el efecto del anteproyecto. Más del 80% de los inversores opina que la medida se va a implementar, si bien, el 75% de los que han respondido afirmativamente consideran que el impacto será menor al anunciado en el texto del anteproyecto y en la memoria económica que le acompaña.
Inseguridad jurídica
«La incertidumbre jurídica generada en España por la nueva legislación facilita que las inversiones se realicen en países de nuestro entorno, con menor riesgo regulatorio, como el resto de países analizados de la lista: Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido y Finlandia o Suecia, aumentando nuestra dependencia energética del exterior».
El informe apunta que este anteproyecto «atenta contra los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, que son tanto principios de Derecho europeo como un estándar convencional internacional implícito en la obligación estipulada en los tratados internacionales de inversiones (bilaterales o multilaterales) de proporcionar un trato justo y equitativo a las inversiones (que incluye la protección de las ‘expectativas legítimas’ de los inversores)».
Constante incertidumbre
Y subraya que «si bien es cierto que la incertidumbre regulatoria ha sido una constante en España, llevando a índices de confianza relativamente bajos continuados, por debajo de la media de los países contemplados en la lista anterior, no es menos cierto que la caída del índice de confianza es especialmente aguda en el último trimestre».
España, «proponiendo medidas regulatorias intervencionistas, origina consecuencias económicamente lesivas para los agentes del sector en su conjunto y no solo para los sujetos directamente afectados por el cambio normativo, ya que crea una situación de incertidumbre que dificulta la necesaria planificación de la conducta a medio y largo plazo a todos los agentes».
El informe afirma que «no hay mayor arbitrariedad jurídica que la incertidumbre: el sistema regulatorio español da muestra de su inestabilidad con los impredecibles vaivenes normativos; cambios normativos únicos en la UE que no poseen coherencia interna y no se ajustan a las orientaciones de política energética marcadas por el Derecho comunitario, sino que responden ad-hoc a problemas coyunturales».
Ventaja para Portugal
De hecho, el atractivo de inversión en España no solo se aleja de las grandes potencias de nuestro entorno, sino que incluso países que tradicionalmente han mantenido un riesgo regulatorio similar al español, como Portugal, empiezan a superar a nuestro país como foco de inversión, recoge el documento.
«La total integración de los mercados eléctricos de Portugal y España sitúan a nuestro vecino en una posición de ventaja competitiva para atraer inversiones renovables, que además se beneficiarán de la venta de la electricidad en España, obteniendo beneficios de su inversión superiores a los de las centrales situadas en España».