Espaldarazo de la Justicia europea a Airbnb
La Justicia europea ha dado un importante espaldarazo a Airbnb al considerar que este modelo de negocio de economía colaborativa está exento de cumplir las mismas normas que un agente inmobiliario. El abogado general del Alto Tribunal, cuyo criterio suele coincidir en un 80% con el fallo definitivo, llega a esta conclusión tras la denuncia interpuesta por Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP por sus siglas en francés) contra Airbnb, sociedad irlandesa con domicilio social en Dublín que se encarga de gestionar esta plataforma en línea que pone en contacto a usuarios y arrendadores en el ámbito de las estancias de corta duración, los conocidos como alquileres turísticos.
En marzo de 2017, AHTOP decidió acudir ante la Justicia francesa ante el incumplimiento por parte de esta plataforma de la ley nacional sobre agentes inmobiliarios, la conocida como normativa Hoghet, y los tribunales franceses decidieron elevar el caso ante la Justicia europea. La compañía con sede en Irlanda alega que no está obligada a cumplir esta ley nacional ya que su servicio se enmarca dentro de la sociedad de la información de acuerdo con la normativa comunitaria.
El abogado general, Maciej Szpunar, da la razón a Airbnb al recordar que esta plataforma pone en contacto a arrendadores y arrendatarios «en una situación en la que el prestador de ese servicio no ejerce control alguno sobre las modalidades esenciales de dicha prestaciones», según el comunicado difundido por la Corte europea. El abogado general también aclara que esta circunstancia sigue siendo válida independientemente de que el prestador ofrezca otros servicios cuyo contenido es material.
Por eso, según la legislación comunitaria, un Estado miembro (Francia en este caso) no puede imponer ningún tipo de restricción a la libre circulación de este tipo de servicios dentro del territorio comunitario a una compañía de otro Estado miembro. Este tipo de limitaciones tan sólo estarían justificados «caso por caso» y no de manera general, tal y como solicitaba AHTOP. La empresa no ocultó su satisfacción. «Airbnb celebra la opinión del Abogado General, que ofrece una clara descripción de las leyes que aplican a plataformas de economía colaborativa como Airbnb, y cómo esas leyes ayudan a crear oportunidades para los consumidores. Airbnb quiere ser buen socio de las administraciones y ya ha trabajado con más de 500 gobiernos de todo el mundo en medidas para ayudar a los anfitriones a compartir sus hogares, cumplir con la normativa y pagar su parte justa de impuestos. Airbnb seguirá trabajando con todos para poner a los ciudadanos en el centro del turismo sostenible del siglo XXI», reza el texto.
Esta interpretación contrasta con la sentencia contra Uber. En ese caso, el Tribunal concluyó que su servicios no podían enmarcarse sólo dentro de la categoría de sociedad de la información debido al control ejercido sobre los conductores independientemente de que sean coches particulares.
Source: The PPP Economy