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Friday, July 21, 2017

Es la hora de que la recuperación de la economía se refleje en la sociedad


La economía española crecerá este año más de un 3%. El PIB ha recuperado los niveles previos al estallido de la crisis. La tasa de paro podría reducirse hasta el 11% a finales de 2020… Es decir, las cifras son lo suficientemente positivas como para que la recuperación comience a reflejarse en los ciudadanos de a pie. La aprobación del aumento del techo de gasto en un 1,3%, además de sentar las bases para elaborar las cuentas del próximo ejercicio, permitirá incrementar el gasto público y ampliar la plantilla de funcionarios.

Los Presupuestos del Estado 2017 han hecho especial hincapié en las actuaciones de protección social y en los servicios básicos. Y es que el gasto social aumentará un 1,7% respecto a 2016, representando casi el 56% del total, frente al 53,5% que supuso el pasado año. En cualquier caso, los presupuestos fueron elaborados para reducir el déficit público hasta el 3,1%, facilitando así que en 2018 España pueda salir del Procedimiento de Déficit Excesivo.

La recuperación económica está incrementando los ingresos públicos. Y esa mejora se puede destinar a reducir déficit, bajar impuestos o recuperar algunos de los servicios públicos perdidos durante la crisis. Alain Cuenca, profesor de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, piensa que la prioridad debería ser la reducción del déficit y de los recortes, pero también sostiene que los empleados públicos tendrían que recobrar parte de su mermado poder adquisitivo. Opina que elevar el salario mínimo fue un acierto, como lo ha sido la convocatoria de nuevas plazas de funcionarios. Y, además, considera que deberían recuperarse los niveles de inversión en I+D+i y aumentar los recursos autonómicos para dedicarlos a sanidad y educación.

Cuenca sostiene que en España han aumentado las desigualdades, por lo que «ha llegado el momento de hacer una política económica de fortalecimiento de la competitividad, acompañada de una política social generosa con los perdedores de la crisis. Ese doble objetivo, liberal y social, es el que intenta Macron en Francia. Resulta difícil, pero es posible», apostilla.

En UGT, por ejemplo, son de la opinión de que el techo de gasto para 2018 debería suponer un definitivo punto de inflexión, en positivo, para una mayor inversión social en los servicios más demandados por la ciudadanía. Pues, a día de hoy, «existe un déficit de calidad importante en servicios como la sanidad, la educación o la justicia».

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. Al inicio de la crisis económica se recurrió a la política fiscal para hacer frente a las adversidades. Y para superar la situación se optó por un intenso ajuste del déficit público, así como por la implementación de medidas destinadas a elevar la recaudación tributaria y a reducir el gasto.

Como resultado, el déficit público se redujo hasta el 4,3% del PIB en 2016. Pero, una vez controlado, «se ha de seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario a medio plazo sin perder de vista que las administraciones tienen un volumen de deuda pública que ronda el 100% del PIB, que también ha de recortarse». Jaime Sanaú, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, afirma que los trabajadores han sido quienes, en mayor medida, han soportado el ajuste, bien perdiendo su empleo, bien recortando sus ingresos. «Si la remuneración de los asalariados en 2008 se situaba en el 50,1% del PIB, en 2016 representaba el 47,2% del PIB. Y en el primer trimestre de 2017, en el 46,9%». Sanaú recuerda que, en España, el salario medio por hora trabajada supone el 72% de la media de la eurozona –cuando llegó a situarse en el 76%–. Y remarca que hay que aprovechar la ocasión y el margen que proporciona la política fiscal y los estabilizadores automáticos para trasladar la mejora económica a la creación de trabajo. «Ha de ser un empleo de calidad con unos salarios dignos con objeto de elevar el peso de la remuneración de los asalariados en el PIB y apuntalar la recuperación».

Asimismo, destaca que la renta del 20% de las personas más ricas de España es 6,1 veces más elevada que la del 20% más pobre y que «el aumento de la desigualdad se refleja también en la tasa de riesgo de pobreza, que en 2016 se cifraba en el 22,3%. En definitiva, es la hora de la política social, de priorizar los gastos sociales para reducir la desigualdad y los efectos más perniciosos de la crisis, especialmente en las personas más vulnerables», insiste.

El alza de los salarios constituiría la mejor manera de trasladar la recuperación a los bolsillos del ciudadano. No obstante, Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asinver, advierte de que aunque el consumo haya ido de menos a más y pese a que las perspectivas resulten favorables, su crecimiento se ralentizará en los próximos dos años debido a la desaparición de algunos estímulos, como la rebaja fiscal y la caída de los precios de la energía. Por ello, ve necesario que el esfuerzo del estímulo pase del sector público al privado, lo que obligatoriamente implicaría mejoras salariales y retomar políticas de igualdad de oportunidades, entendidas como protección a las personas y no a los puestos de trabajo. «Será con una mejora del poder adquisitivo como mejor se perciba a pie de calle la recuperación. Revisiones salariales en funcionarios tirarán al alza sobre el conjunto del mercado laboral». Y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) cobrarán este verano –posiblemente este mes– la subida salarial del 1% contemplada en los Presupuestos de 2017 –el año que viene el alza será mayor–. Flores apunta que ha llegado la hora de recuperar salarios, de reactivar la contratación pública, de volver a políticas de igualdad, de abordar la reforma de la educación y de dinamizar la creación de empresas. En este sentido, coincidiendo con las recomendaciones de los expertos consultados, el Gobierno presentará a finales de mes una estrategia para favorecer el crecimiento de las empresas y aumentar su competitividad.

Por su parte, José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, revela que con el aumento del empleo ya hay un traslado de la recuperación a los ciudadanos, pues presiona los salarios al alza. Y explica que en España eso ocurre con tasas de desempleo menores del 12-13%, que se podrían alcanzar en dos años. Sea como fuere, avisa de que la subida salarial debe tener en cuenta el efecto relativo a la mejora de la motivación y al aumento del consumo interno; y el relacionado con el incremento de los costes que no dificulte la competitividad de las empresas. «El equilibrio entre esos dos efectos sólo se puede calcular en cada compañía. Es el empresario el que puede evaluarlo. Eso lo permite la actual reforma laboral al descentralizar el convenio colectivo a nivel de empresa». Y es que «una subida indiscriminada puede perjudicar a compañías concretas e, incluso, crear desempleo».

SUBIR LOS SALARIOS. «Ya es momento de subir salarios», destacó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante la histórica caída del paro registrado en junio. Una reclamación que respaldaron días después tanto el ministro de Hacienda como el portavoz del Gobierno.

Pese a que lo recomendable es que las subidas de sueldo se fijen en función de la productividad de cada compañía –ya que un aumento desmedido incrementaría los costes y, consecuentemente, frenaría la creación de empleo–, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, está de acuerdo con que los salarios más bajos suban incluso por encima del 2,5%. Sindicatos y patronal intentan cerrar el acuerdo de negociación colectiva, para el que los primeros han planteado una subida salarial de entre el 1,8% y el 3%, frente al incremento de entre el 1% y el 2,5% (medio punto vinculado a la productividad) que sugiere la patronal.

Desde UGT recuerdan que los beneficios empresariales ya se encuentran en niveles anteriores a la crisis, que se están repartiendo más dividendos, que subirán los sueldos de los directivos empresariales y que la inflación se mantiene en torno al 2%. Además, agregan, la recuperación del poder de compra y la garantía de que no se producirá ninguna pérdida de poder adquisitivo «constituyen un elemento importante para impulsar la demanda interna y, con ella, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. Sería beneficioso también para las pensiones, porque incrementaría las cotizaciones sociales y apuntalaría la financiación del sistema». Y es que la subida de los salarios podría resultar la vía para salvar los ingresos de la Seguridad Social.

Los sindicatos verían sobradamente justificada el alza salarial que proponen, dados los datos de aumento de la pobreza y de la desigualdad, de devaluación salarial, de reducción de costes laborales, de caída del poder adquisitivo de las rentas del trabajo y de insuficiencia de las cotizaciones sociales, entre otros factores.

«Es necesario que se reparta la riqueza que se está creando». Fuentes del sindicato advierten de que la recuperación económica no ha comenzado a trasladarse a los ciudadanos en términos generales, y menos aún en los salariales. Reconocen que se está empezando a reflejar cuantitativamente, «pero no cualitativamente». Y lamentan que se esté creando empleo temporal y precario. «La mitad de los desempleados no tiene ningún tipo de cobertura. Todavía dos de cada diez trabajadores están desempleados, y uno de cada dos parados lo está desde hace más de un año. El número de hogares con todos sus miembros en paro asciende a 1,6 millones y hay 700.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Queda un largo camino que recorrer en ese necesario reparto equitativo de la riqueza. Y el crecimiento real de los salarios es una de las vías», apostillan.

Fuentes de UGT apuntan que lo lógico sería que los salarios subieran, como mínimo lo mismo que indica la previsión de inflación, pero que lo deseable sería que fuera «al mismo nivel que el crecimiento de la economía».

Source: The PPP Economy

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