The PPP Economy

Las compañías Telefónica y Lazard han comparecido ante el juez del caso Rato en calidad de investigadas -antes imputadas- por su posible responsabilidad en el presunto delito de corrupción entre particulares por el que se investiga la fortuna del exvicepresidente del Gobierno.

Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha tomado declaración a los representantes legales de las empresas después de abrir diligencias a ambas en la pieza separada bajo secreto de sumario.

En esta parte de la causa, decretada el pasado 11 de enero, ya declararon como investigados el secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, y el consejero delegado de Lazard en España, Pedro Pasquín, en relación a las irregularidades en los pagos efectuados a Rato por sus labores profesionales en dichas compañías.

En su informe de avance presentado al juez el pasado noviembre, la Agencia Tributaria ponía el foco en el contrato por el que el exministro de Economía percibía su remuneración en Telefónica a través de su empresa Kradonara 2001, y subrayaba la existencia de riesgos cuyo «objetivo principal» era evitar la tributación de dichos importes.

Por ello el fisco, según consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso Efe, propuso la imputación de Sánchez de Lerín, que firmó los acuerdos entre la multinacional española y Kradonara, con el fin de aclarar cuáles fueron los servicios realizados por Rato, quién ordenó su contratación así como los criterios que llevaron a su elección.

Sobre el banco de inversión Lazard, el juez investiga el pago de cerca de 6,2 millones al exministro entre 2011 y 2013, supuestamente en concepto de indemnización ya que en el pasado había trabajado en el banco de inversión, y el préstamo concedido en la época en la que Rato ya era presidente de Bankia.

Unos hechos que se solaparon en el tiempo con la contratación de Lazard como asesor de la salida a bolsa de la entidad española en verano de 2011 por los que la acusación considera la existencia de un delito de cohecho o corrupción entre particulares.

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