El juez cita al expresidente del FROB para esclarecer cómo fue la resolución de Banco Popular
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como testigo el próximo 27 de mayo a Jaime Ponce, expresidente del FROB, para tratar de esclarecer los pormenores de cómo se llevó a cabo la resolución de Banco Popular el 7 de junio de 2017, con la consiguiente posterior adjudicación a Banco Santander.
«El Sr. Ponce, como presidente del FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva), vivió en primera persona el mecanismo de resolución del Banco Popular y, por ende, es un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso resolutivo, debiendo explicar muchos pormenores del mismo, desde su génesis hasta su finalización», explica el auto, al que ha tenido acceso ABC. Asimismo, el juez instructor reclama a la institución que informe de la identidad del máximo directivo de la Dirección de Resolución de dicho organismo en el primer semestre de 2017, a fin de citarle también como testigo.
Más allá de ello, Calama solicita al FROB que envíe copia de todos los correos electrónicos emitidos y recibidos de parte de los implicados en el proceso de resolución. No todos los emails, sino solamente los relacionados con el Banco Popular entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2017. Dichos correos se circunscriben a los enviados o recibidos por parte de la Junta Única de Resolución (JUR), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Deloitte, Banco Popular, Banco Santander y BBVA o cualquier otra entidad financiera.
Esta última coletilla de «cualquier otra entidad financiera» tiene que ver con que entre las citadas fechas el entonces presidente del Popular, Emilio Saracho, abrió un proceso de venta de la entidad con los cinco principales bancos españoles. Y, también, por los contactos y comunicaciones que se hubieran podido producir de varias entidades en los días previos a la resolución, que terminó en adjudicación a Banco Santander por el precio simbólico teórico -que no práctico- de un euro. El propio Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, reconoció en su testifical que se ofreció el banco a cinco entidades pero que ninguna optó por realizar una oferta.
En esta causa están imputados, entre otros, los dos últimos presidentes del Popular: Ángel Ron y Emilio Saracho. Aunque uno y otro están investigados por cuestiones distintas. En el caso del primero, se trata de esclarecer los pormenores de su gestión y, específicamente, cómo se llevó a cabo la ampliación de capital de 2016 por 2.500 millones de euros. En el caso del segundo, se trata de dilucidar si hubo manipulación de los mercados por informaciones publicadas en los medios de comunicación.