El Gobierno deberá aumentar el periodo de cálculo de las pensiones para recibir los fondos
La recepción de los fondos europeos tiene condicionalidad y el Gobierno deberá cumplir con las directrices que llegan desde Bruselas. Una primera parte amable de la reforma de pensiones ya está en el Parlamento, la que liga las subidas con el IPC y premia el retraso voluntario del retiro, y ahora el Gobierno deberá comenzar a negociar con los agentes sociales una segunda parte, la más dura, la que debe ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Y en esta segunda parte, Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en el 2022 para que se ponga en marcha de manera paulatina a partir del 2023.
El compromiso forma parte del acuerdo con la Comisión Europea las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación y ya provocó un gran revuelo en el seno del Ejecutivo a finales del año pasado cuando trascendió una propuesta para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas. El debate fue agrio entre el Gobierno de coalición y, en consecuencia, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, renegó de la misma. Ahora la medida ya tiene fecha: 2022.
Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las más efectivas para recortar la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según un indicador construido por la OCDE. En la práctica esta medida implica percibir rentas menores porque los trabajadores, por regla general, tienen peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos. Como ya informó ABC, el año próximo cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión y quedarán fijados en 25 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para el cálculo ha pasado de forma progresiva desde los 15 a 25 años.
Además de esta medida de recorte, el acuerdo con Bruselas para recibir los fondos recoge un incremento de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. Es decir que aumentarán los impuestos para los sueldos más elevados, de más de 49.000 euros, pero también la pensión que perciban.