El Gobierno da una patada hacia delante con el auxilio que presta a las empresas
Cuando en marzo de 2020 el Covid-19 forzó el confinamiento, el Gobierno tuvo que actuar rápido para intentar contener el golpe económico. Facilitar los ERTE al máximo, aprobar los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sacar adelante la moratoria concursal… un cúmulo de medidas para poder atravesar la crisis con el menor daño posible. Ahora, la mayoría de aquellas medidas siguen en vigor, se extienden recurrentemente en el tiempo, dando una patada hacia delante en el auxilio que se presta al tejido productivo.
A finales de año tenían fecha de caducidad varias de las medidas, pero el Ejecutivo no ha dejado que decaigan. Mantener vivas artificialmente a las empresas, casi sin diferenciar entre las que son viables y las que no.
Esta semana se han prorrogado las ayudas públicas. El Ejecutivo lo vende como su intención de seguir brindando apoyo a las compañías de cara a la recuperación, que se ha visto frenada estos últimos trimestres y a lo que se une la crisis de suministros y la escalada del precio de la luz.
Sin embargo, hay quienes consideran que el Gobierno se equivoca en sus decisiones. Fuentes financieras y empresariales explican que hay que seguir ayudando al tejido productivo, pero de otra manera; es decir, con otro tipo de medidas y sin poner más palos en las ruedas, como se pretende en referencia al aumento de cotizaciones sociales y el detalle de la reforma laboral de Yolanda Díaz.
En el Consejo de Ministros de este martes se aprobó prorrogar hasta el 30 de junio del año que viene los fondos de rescate a grandes empresas y pymes. También se dio luz verde a la extensión para acceder a las líneas de avales del ICO hasta esa misma fecha.
Aun así, la medida que más chirría en el mundo financiero y jurídico es la relativa a la moratoria concursal. El Gobierno decidió extender hasta el 30 de junio del 2022 la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. Sencillamente, extender la citada moratoria concursal, manteniendo a flote empresas quebradas.
La moratoria concursal es la medida que más preocupa en el sector financiero y los despachos de abogados
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha posicionado en múltiples ocasiones contra la tendencia de sostener artificialmente empresas inviables. Una referencia a la que no pueden darse facilidades como la moratoria concursal de manera indiscriminada y ‘sine die’.
En este sentido, fuentes jurídicas señalan que se está dilatando en muchos casos lo inevitable. Hay compañías que por su situación económica y de adaptación al nuevo entorno no podrán sobrevivir y, como decía el gobernador, lo mejor sería darles un cauce para salir ordenadamente del mercado.
Los despachos de abogados, y también la banca como acreedor, llevan ya tiempo esperando un ‘boom’ de concursos, de quiebras empresariales, que nunca llega por medidas como esta. «El Gobierno parece confiar en que muchas podrán salir adelante refinanciando deudas o llegando a acuerdos, pero hay negocios insalvables», asegura un experto en Derecho Mercantil contactado por ABC.
Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, fue claro hace escasos días desde Pamplona: «Unos miran al empresario como el toro que hay que abatir, la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos como el caballo que tira del carro». Una clara referencia al pacto para aumentar las cotizaciones en 0,6 puntos al que llegaron el Gobierno y los sindicatos, y también a lo que viene con la reforma laboral de Díaz. «Estamos recuperándonos de una pandemia, que ha dejado muchas cicatrices que se están curando, y si apretamos, se pueden volver a abrir y desangrar», añadió.
Lo que busca el tejido productivo es mayor flexibilidad en el mercado laboral y no más rigideces. Y de lejos viene la reivindicación de que la fórmula para salir cuanto antes de esta crisis pasa por ayudar a las empresas rebajando la presión fiscal, como en otros países del entorno europeo.
Medidas en el tintero
Más allá de las extensiones aprobadas recientemente, el Gobierno ya prepara otras medidas para ahondar en su patada hacia delante. Como adelantó ‘Cinco Días’, el Ejecutivo pretende aprobar en el próximo Consejo de Ministros un nuevo código de buenas prácticas para la banca de cara a facilitar la renegociación de deuda avalada por el ICO. Dicho documento, que sería de adhesión voluntaria, contemplaría la extensión de los plazos de conversión de los préstamos avalados en préstamos participativos. Asimismo, esa extensión también abarcaría la posibilidad de negociar quitas de deuda y refinanciaciones.
El objetivo del Gobierno sería ampliar hasta 2023 la posibilidad de ejecutar estas ayudas. Cabe recordar que las quitas de deuda generaron un gran choque con la banca ya que se plantearon como algo obligatorio de aceptar para las entidades y finalmente terminó siendo voluntario.