El Gobierno cerrará las nucleares en 2028


España apagará el botón de las nucleares en 2028. Así lo confirmó ayer en el Congreso de los Diputados la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ratificó la voluntad del Gobierno de cumplir el programa del PSOE de cerrar estas centrales a medida que cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica. Esta circunstancia se producirá dentro de diez años, cuando la instalación de Trillo (Guadalajara) sea clausurada. No obstante, Ribera aclaró que será necesario abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final como las del coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería y la gestión de residuos peligrosos. Sobre este punto, la ministra afeó al Gobierno del PP que no se ha encontrado ningún plan nacional de seguridad para estos residuos, lo que contraviene una obligación europea.

Energías limpias

El cierre de las nucleares, si se llega a concretar, así como de otras centrales más contaminantes, debe dar paso paulatinamente y «sin que se produzcan traumas» a las renovables. Estas serán las energías prioritarias para el Gobierno, aseguró Ribera. La ministra anunció que revisará toda la normativa que se oponga al crecimiento de estas tecnologías y tratará de recuperar la confianza de los inversores, algo que, admitió, «no es fácil» después de los vaivenes normativos que han llevado a varios inversores a denunciar a España en tribunales internacionales de arbitraje por los recortes a las primas decretados por el anterior Gobierno del PP. Ribera considera clave reformar la regulación del autoconsumo y revisar la normativa que se oponga al crecimiento de la cogeneración.

La ministra considera que, de cara a esta transición hacia las energías limpias, España cuenta con la ventaja de la capacidad de generación «tan grande» de su sistema eléctrico a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después.

Cambio climático

La apuesta del Ejecutivo por las renovables entronca con los objetivos de lucha contra el cambio climático que se ha fijado. La ministra anunció que la ley para combatirlo y para la transición energética se presentará antes de que acabe el año. El texto recogerá entre sus objetivos reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en comparación con 1990, lo que supone rebajar a la mitad lo que España expulsa a la atmósfera. Ribera también considera que es necesario «repensar» tanto el mercado energético como el sistema por el cual acaba fijándose el precio de la energía.

En su larga y prolija intervención, Ribera también habló de pobreza energética. Y no para referirse exclusivamente a la electricidad. La ministra desveló la voluntad del Gobierno de abrir un debate sobre la necesidad de ampliar el bono social para paliar esta pobreza no sólo a la luz, sino también a otros suministros como el gas o el agua. Ribera aseguró que el Ejecutivo ya ha ido un paso más allá y que impulsará el agua como derecho fundamental. Habrá una norma que impedirá que se corte el agua a familias con pocos recursos económicos hasta que no se tramiten las posibles ayudas sociales que puedan permitir acceder a la cobertura básica.

Source: The PPP Economy

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